Talleres Protegidos: piden que la tarjeta Alimentar alcance a los trabajadores discapacitados

Las problemáticas en torno a los cerca de 9.000 trabajadores con discapacidades que se desempeñan en los talleres protegidos de todo el país es recurrente, sin embargo, las soluciones para el sector no abundan. 

En el marco de la crisis económica profundizada por la crisis sanitaria generada a partir del nuevo coronavirus, la presidente del Taller Protegido de Tandil, Lourdes Martínez, brindó detalles de la angustiante situación que se vive en esas dependencias.

En diálogo con el programa Mar del Plata PM de 0223 Radio. Martínez reconoció que "la pandemia trajo cosas malas pero también buenas" y, en ese sentido, valoró que el aislamiento le diera la oportunidad a todos los tallres protegidos del país a unirse, a partir de lo cual se generó la primera Federación Nacional de Talleres Protegidos. "A su vez nos pudimos conectar los 195 talleres protegidos bonaerenses, que es la provincia que mayor cantidad de talleres tiene por su densidad demográfica", explicó al respecto.

En esa línea la referente de uno de los talleres protegidos de Tandil contó cuál es la ayuda que se recibe desde el Estado, por cierto sumamente escasa: "La Provincia nos paga a cada institución una beca, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que depende de la cantidad de trabajadores con discapacidad que vos tenés en el taller. Para poder pagar un sueldo en blanco del gremio Utedyc, a un empleado, se necesitan 68 personas con discapacidad en el taller. Acá en Tandil, donde hay 66 chicos, tenemos a seis personas en blanco trabajando, es decir estamos para atrás", graficó.

Sobre la asistencia específica para las personas discapacitadas que están en los talleres, Martínez describió: "Los chicos reciben un peculio, que es una forma de pagarle sus ocho horas de trabajo por estar en el taller protegido. La Provincia les paga $1300 por mes. Para cobrarlo, los chicos tienen que ir al banco Provincia de forma personal. Es una locura que habiendo podido bancarizar a tante gente por la pandemia que los chicos aún tengan que hacer cola en un banco para cobrar ese dinero", se lamentó la dirigente.

Ante lo reducido del monto, los talleres protegidos bonaerenses decidieron elevar un petitorio al gobierno nacional para que se incluya a los trabajadores en los beneficios de la tarjeta Alimentar. "No estamos pidiendo algo loco. Reconocemos que se dieron muchos beneficios este año y estamos hablando de un universo de 9.000 personas con discapacidad a nivel nacional. No hay que salir a pedirle un préctamo al FMI, nadie puede decir que con ese número nos fundimos", sentenció Martínez.

Los talleres protegidos contienen a personas de entre 18 y 65 años. Los más jóvenes egresan de la escuela especial primero al Centro de Formación Laboral (CFL), donde empiezan a realizar pasantías y luego se convierten en trabajadores con discapacidad de los talleres.

Al respecto de las leyes de cupo que definen el ingreso al mercado laboral de personas con discapacidad Martínez considera que la misma no se cumple. "Queremos que se implemente completa de una vez por todas la ley 26.816, que habla de la creación del régimen de empleo protegido. Esa ley estuvo en el 2012 aprobada y estamos en el 2020 y aún hoy no se cumplen los artículos que hablan de los derechos de las personas con discapacidad", exclamó la dirigente tandilense.

"El cupo habla de un 4%, ¿qué hacemos con el 96% restante de personas con discapacidad?. Aquel que no tuvo acceso a un título universitario, al que no tuvo la posibilidad de que su familia le diera una formación que le permita generar un currículm, está en serios problemas. Debemos cuidar los talleres protegidos", concluyó la funcionaria, que será recibida por el ministro Larroque la próxima semana.