Exigen que se reanude el juicio por los crímenes de la CNU en Mar del Plata

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su carácter de querellante, pidió que se arbitren los medios técnicos para el reinicio del juicio de lesa humanidad que tiene como epicentro a Mar del Plata y en el que figuran como acusados los abogados y ex miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres.

La presentación tuvo lugar después de "las experiencias positivas" que se registraron días atrás en la ciudad, a partir del dictado de la sentencia de manera virutal por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la denominada megacausa "Subzona 15", y en Rosario en la causa caratulada "Feced III", actualmente en trámite de forma remota y en etapa de alegatos.

Además del pedido por el debate que se desarrolla en Mar del Plata, la Secretaría hizo extensiva la requisitoria para otros distritos de la Provincia: en La Plata, causa Brigada de San Justo y causas Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes; y en San Martín, en las causas Arsenal Zárate-Campana y "Contraofensiva".

En Entre Ríos, los pedidos de reanudación de los procesos fueron presentados en la causa Área Paraná-II y en Capital Federal, en la causa ESMA IV, según informó el Gobierno nacional a través de un comunicado.

La Secretaría de Derechos Humanos informó, asimismo, que sus áreas de asistencia y acompañamiento a testigos víctimas del Programa Verdad y Justicia y del Centro Ulloa continúan brindando asistencia de forma remota y manifestó que se encuentran a disposición del Tribunal para las tareas que les sean solicitadas para dar continuidad al proceso.

Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres llegaron al debate oral en Mar del Plata acusados de conformar una asociación ilícita y el primero además por ocho homicidios cometidos en la antesala del Golpe cívico militar de 1976.

En los últimos meses, hubo un fuerte repudio de organismos de derehcos humanos por la prisión domiciliaria que le concedió la Justicia a Gustavo Demarchi, quien es considerado líder de la organización criminal y recibió su sentencia en un primer juicio.

El excandidato a intendente y fiscal federal general fue condenado el 20 de diciembre de 2016 junto a Mario Durquet y Fernando Otero a prisión perpetua por los delitos de asociación ilícita y homicidios calificados contra Enrique Pacho Elizagaray, los hermanos Jorge Lisandro y Guillermo Videla, Jorge Enrique Videla, Bernardo Goldemberg y de la Decana María Coca Maggi.

Se trató de un fallo histórico ya que el tribunal que intervinó en el caso entendió que estos asesinatos, pese a haber sido cometidos antes de la dictadura de 1976, se incriben dentro de la categoría de "crímenes de lesa humanidad".