Precios congelados: por qué existen y qué lleva a que existan

A veces hay encuentros y a veces desencuentros. En la crónica del programa de precios congelados hay más de los segundos que de los primeros.

Por qué el gobierno insiste con el control de precios y qué consecuencias puede traer.

Por qué el gobierno insiste con el control de precios y qué consecuencias puede traer.

El congelamiento por 90 días para una lista de 1.432 productos trae más dudas que certezas, aunque alguna medida transitoria se considere necesaria en una escalada inflacionaria sin freno.

El dato del Índice de Precios al Consumidor de septiembre encendió nuevamente las alarmas al exhibir una suba del 3,5% en los bienes y servicios de la economía argentina. Octubre iniciaba con una dinámica muy similar, registrando la existencia de nuevas listas que llegaban a los comercios donde en algunos casos los aumentos de precios llegaron a trepar un 25% en tan solo 15 días. Aumentos, por cierto, que no pudieron ser justificados por las compañías.

El objetivo explícito es tratar de intervenir para que los sectores de ingresos fijos que no pueden mejorar su posición tengan acceso a una canasta ampliada sin variaciones mientras se ordena la economía. El desafío por delante es, justamente, ordenar la economía y no volver permanente lo transitorio.

¿Funcionará? ¿Se puede fiscalizar? ¿Qué pasará en enero? Seguí leyendo que vamos a responder estas tres incógnitas.

Lo que debemos considerar primeramente es que antes de “Precios Congelados” existieron los programas de “Precios Cuidados”, “Precios Máximos” y “Súper Cerca” y a luz está que poco han colaborado en la reducción de un fenómeno tan complejo como lo es la inflación.

Por otro lado, a dos semanas de su implementación las compañías vuelven a sentarse con el gobierno para establecer que será necesario volver a abrir conversaciones a los 30 días de iniciado el programa para evaluar si se permiten aumentos moderados sobre algunos productos que se consideran más “críticos” y que están fuera de la canasta básica. A pocos días del inicio, ya hay más chances de derretimiento que otra cosa.

Posiblemente noviembre sea el mes donde más se va a poder aprovechar la presencia de productos a precio congelado. En cambio es de esperar que diciembre nos encuentre con mayor ausencia en góndolas y conversaciones más álgidas entre el sector empresarial y el gobierno que harán foco, con su posición dominante, en la erosión de su rentabilidad.

La fiscalización ha sido siempre un inconveniente de magnitud. Cada municipio debe contar con personal y recursos para llevar adelante esta dificultosa tarea de ir “comercio por comercio” revisando una gran variedad de artículos durante tres meses. La cantidad de horas que insume este control termina dificultando su cumplimiento.

Si se llegara con el programa en pie a enero, tendrán que decidir si prolongan el congelamiento o permiten un aumento. Si se habilitan las subas es probable que haya saltos que compensen los meses que no pudieron aumentar generando una nueva espiralización de precios.

 Si se continuara, es de esperar que, ante la justificación basada en la pérdida de rentabilidad de las compañías, el escenario de desabastecimiento o de evasiones del programa se vuelva más contundente con las consecuentes sanciones y/o clausuras que el gobierno podrá efectuar.

Claro está que las grandes compañías alimenticias también juegan su partida y muestran su preocupación por la rentabilidad al tiempo que tres de las más importantes del país vienen registrando ganancias millonarias desde el inicio de la pandemia. Al finalizar este programa habrá que sentarse con cada una de las compañías del sector, revisar los últimos balances, corroborar si los lamentos son o no genuinos y entender que la inflación no es solo un fenómeno económico sino también político.

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