Se hizo la audiencia preliminar por el crimen de Brandon Romero

Poco más de dos meses después que la Cámara de Apelaciones ratificara la elevación a juicio del policía Pedro Arcángel Bogado como autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Brandon Romero en julio del 2020, se realizó la audiencia preliminar entre las partes en el Tribunal Oral en lo Criminal 1. Sin fecha definida, los cálculos más optimistas indican que el juicio por jurado podría realizarse recién a fines de 2022 o comienzos de 2023.

Del encuentro, denominado habitualmente como audiencia del artículo 338, que encabezó el Juez Facundo Gómez Urso en el séptimo piso de Tribunales, participaron los abogados Martín Bernat y Agustín Robbio, como defensores del imputado y César Sivo como representante del particular damnificado.

Cómo se informó oportunamente, en el debate no habrá representación del Ministerio Público Fiscal que en su momento solicitó el sobreseimiento de Bogado.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que en el encuentro se acordó qué prueba interesa y cual no, las testimoniales a incorporar a criterio de cada uno y las instrucciones suplementarias, además del pedido de cinco jornadas de debate. Tras las cuestiones acordadas, el Juez que presidirá el juicio por jurado comunicará una resolución.

La causa fue elevada a juicio con la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego luego de que la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones desestimara el agravante en la imputación de Bogado por haber sido un miembro de la fuerza policial. Sin embargo el representante del particular damnificado podría insistir en el debate con esa calificación.

En diálogo con 0223, Romina Vergara, madre de Brandon Romero explicó que si bien no hay una fecha de juicio confirmada, tanto la familia como el abogado que los patrocina se encuentran tranquilos “y confiados con las pruebas que tenemos”, dijo.

Por su parte la defensa del policía insistirá en que el hecho registrado en la ruta 226 se encuadra dentro de la legítima defensa en el marco de una robo que intentaron dos o más personas armadas.