Horror y esclavitud: la historia de la casa de Mar del Plata que no tuvo nada de "casita"

En la jerga popular de Mar del Plata se la conoce como "Casita Azul" pero su historia no es la de ninguna "casita". La casa que todavía se mantiene en pie – imposible saber hasta cuándo –  sobre la calle 20 de septiembre, entre Santa Cruz y Río Negro, sirvió como  escenario de una historia de horror; una larga historia de mafia, abusos y esclavitud que se prolongó, a la vista de muchos y el silencio de tantos otros, durante veinte años en la ciudad.

Un centro de explotación, un centro de esclavitud, un centro de prostitución: eso fue la "Casita Azul". Se la bautizó de ese modo por tener ventanas, persianas e incluso algunas paredes internas pintadas de azul. Solía tener diez mujeres, todas mayores de edad, todas extranjeras – la mayoría de Paraguay y Republica Dominicana – y todas atravesadas por la misma biografía: vidas de pobreza, desempleo y falta de oportunidades.

Los proxenetas aprovechaban el alto grado de vulnerabilidad de las víctimas para traerlas al país mediante engaños. Les prometían trabajo y estabilidad pero la ilusión de un futuro próspero se derrumbaba con la fuerza de un castillo de naipes una vez que las chicas llegaban a la ciudad y descubrían que no tenían más destino que el de la servidumbre.

Salidas restringidas

La investigación y los allanamientos para desenmascarar la perversa trama de la “Casita Azul” se iniciaron en 2009 a partir de la denuncia que pudo hacer una de las víctimas ante la Justicia Federal, donde reveló que “solo le permitían salir de la vivienda día por medio y por un período de dos horas”. La misma mujer también aseguró que “en una oportunidad la castigaron por llegar tarde”, por lo que le prohibieron salir del prostíbulo durante una semana entera.

Video extraído de una investigación de la Fundación Alameda.

En un video tomado por la Fundación Alameda, se da a conocer el testimonio de una chica que dice que es de Ciudad del Este, Paraguay, y que se encuentra con otras siete mujeres paraguayas. Pero lo más grave es cuando reconoce su cruel situación: “El fin de semana largo trabajé – fue explotada sexualmente – hasta las 10 de la mañana pero ya no aguanté” (minuto 6.14 del video adjuntado).

La esclavitud de cada una de las mujeres no solo se daba en el plano sexual sino también en el económico. Ellas, naturalmente, cobraban una tarifa por sus servicios, pero estaban obligadas a destinar el dinero que recibían como pago a los proxenetas para solventar un supuesto alquiler, el papel higiénico y hasta los preservativos que utilizaban mientras eran violadas contra su voluntad.

Las mujeres explicaban que “trabajaban” en el prostíbulo porque necesitaban el dinero para poder mantener a sus hijos menores de edad, que dependían exclusivamente de ellas, sin encontrar otra forma de ganar la suma necesaria, ya que los proxenetas también les retenían todo tipo de documentación personal.

Las víctimas, además, eran constantemente vigiladas. A partir de las tareas de investigación de la Justicia Federal, se constató la presencia “permanente” del personal de seguridad para controlar el acceso de quienes pagaban por los servicios sexuales así como el egreso de las mujeres explotadas.

Condenas breves

Por el aberrante caso, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dictó dos sentencias: la primera se dio en el marco de un juicio abreviado que se celebró en octubre de 2011 y donde fue condenado a cuatro años de prisión un matrimonio que movía los hilos del lugar y que era propietario de la “Casita Azul”. Luego, en mayo de 2014, a partir de otro acuerdo fue condenado un hombre más a tres años de prisión, por tener una participación secundaria en los hechos.

Foto 0223: la postal de una "casita" que se "cae a pedazos".

La condena contra los proxenetas Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas fue por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por haber sido cometido en forma organizada por más de tres personas, por la pluralidad de víctimas, y por la explotación económica de la prostitución ajena a través del abuso de una relación de autoridad.

En el caso de Marcelo Muelas, se pudo probar que había realizado diversos viajes de corto plazo a Paraguay, lo que confirmó su rol en la organización como “reclutador de mujeres”. En la etapa de instrucción y de juicio también se verificó la vinculación del prostíbulo con un hotel ubicado en San Martín al 4500 – donde varias víctimas fueron alojadas –, cuya propiedad también figuraba a nombre de la pareja condenada.

Silencio cómplice

Es difícil imaginar que todas estas aberraciones ocurrieron en Mar del Plata durante veinte años sin que nadie supiera nada. De hecho, la información sobre lo que era la “Casita Azul” circulaba entre grupos de amigos, era compartida por taxistas que cobraban “comisiones” por cada cliente que era llevado hasta el prostíbulo, y hasta llegó a difundirse periodísticamente.

El tribunal que dictó sentencia en el caso reparó en este aspecto y advirtió por la complejidad del escenario de lucha que en ese entonces se abría contra la trata de personas. “Resulta difícil creer que los procesos de trata de personas puedan desarrollarse libremente en locales habilitados por el municipio, que son inspeccionados regularmente por sus funcionarios, sin que exista un nivel mínimo de complicidad”, reflexionó Mario Portela (juez jubilado desde el 2020 y reconocido en su labor por organismos de derechos humanos), que fue acompañado por los votos de sus pares, Roberto Falcone y Néstor Parra.

En el mismo sentido, el exmagistrado también llegó a plantear “las dificultades que aparecen en este tipo de causas, cuando se pretende hacer cesar un estado de indignidad del que son víctimas mujeres vulnerables que se encuentran sometidas por sus explotadores a la vista y paciencia de los funcionarios que deberían protegerlas, y me refiero a jueces, policías y agentes municipales”.

Peligro “homocentrista”

En aquel fallo, Portela también pidió “un cambio conceptual” en los jueces que “los haga abandonar las concepciones homocéntricas del derecho”. “Muchas veces el pensamiento dominante concluye que la mujer captada en su lugar de origen, ha 'mejorado' sustancialmente su posición inicial porque al ejercer la prostitución o al trabajar como esclava, se encuentra en condiciones de remesar parte de sus magras utilidades para la manutención de su familia propia y lejana que, de no ser por esos aportes se encontraría en situación de indigencia, la misma que ella habría abandonado al 'consentir' su propia situación”, dijo, en primer lugar.

Foto 0223: el exjuez Mario Portela.

Entonces, es aquí donde, según la mirada del exjuez, funciona el homocentrismo, “ayudado por la infeliz redacción de la ley vigente, que asegura que al haber cumplido la mujer con sus deseos de salvar a su familia (consentimiento) no puede tipificarse el delito de trata sino a lo suma el de proxenetismo o alguna suerte de infracción a las leyes migratorias”.

Portela expresó que este concepto constituye un eje interpretativo “fundamental” para evaluar los casos en los que no siempre se verifica un estado de “esclavitud absoluta, sometida mediante acciones de fuerza, coerción o intimidación”. “Hay entornos en los que la explotación aparece en un ámbito donde las víctimas no manifiestan su disconformidad, considerando que a través de la actividad desarrollada se les dio una oportunidad de mejorar su situación”, planteó, y apuntó: “Esta falsa creencia de magnanimidad se traslada a su entorno social y familiar, formándose en consecuencia discursos sociales que toleran este tipo de prácticas inhumanas”.

Burocracia también es abandono

Lo que también resulta difícil de imaginar es que el Estado demore una década en culminar un trámite de expropiación para que la “Casita Azul” pueda reconvertirse en un Centro Marplatense de la Memoria y Lucha contra el Delito de Trata de Personas, tal como propuso desde un principio la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata, organización que precisamente se concibió en 2012 a raíz del emblemático caso judicial.

La expropiación y recuperación del exprostíbulo se planteó al tener en cuenta que el chalet no había sido decomisado en el marco del juicio. Así, en abril de 2014 se sancionó la ley 14.592, impulsada por el entonces diputado Pablo Farías y las diputadas mandato cumplido Fernanda Raverta y Alejandra Martínez, para avanzar con las gestiones pertinentes y levantar el espacio de memoria.

Pero todo tardó mucho más de lo debido y el camino administrativo para la concreción del trámite se extendió a tal punto que la norma estuvo a punto de caer en letra muerta. Recién en diciembre de 2018 se pudo culminar con la primera etapa de esta instancia pero luego hizo falta que la casa finalmente pasara a manos del municipio de General Pueyrredon, que era lo que preveía la legislación sancionada.

Este último paso se dio hace tan solo unos días cuando el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires le entregó una nota en mano a la gestión de Guillermo Montenegro en la que se efectivizó el traslado del inmueble, que muestra un grado de deterioro evidente y cada vez más preocupante. En este largo tiempo, la vivienda también fue blanco de ocupaciones ilegales, de incendios y hechos vandálicos (en 2016) y hasta de intentos de venta.

Azul de lucha y esperanza

Pero lo cierto es que tanto la “Casita Azul” como el proyecto del centro de memoria siguen en pie. Y, de concretarse los planes previstos, Mar del Plata podría tener el primer prostíbulo recuperado en el país que se convierte en un espacio de memoria. 

Así que este azul marplatense asociado a tanto horror y perversión, pronto tendrá la posibilidad de quedar identificado con otro color, con un color muy distinto, con el color de la memoria del dolor, la lucha y la esperanza por un nuevo tiempo, un tiempo sin trata de personas.