Durante la temporada se desarticularon casi 700 fiestas pero solo se aplicó una multa

La clandestinidad fue uno de los principales enemigos que tuvo que enfrentar el Gobierno de Guillermo Montenegro en esta temporada. La alarma por la proliferación de este tipo de reuniones sociales - y, principalmente, por su impacto en los contagios de Covid-19 - fue constante para las autoridades y quedó reflejada en números: desde diciembre, la Secretaría de Seguridad desarticuló casi 700 eventos a lo largo y ancho de Mar del Plata en colaboración con las distintas comisarías.

La administración de Axel Kicillof también mostró gestos para ponerse la lucha al hombro: a principios de enero, le dio la potestad a cada distrito de imponer multas de hasta 3.364.000 de pesos contra los organizadores de fiestas, los propietarios de inmuebles y sus asistentes. El monto propuesto por el mandatario triplicó lo que estaba plasmado, desde noviembre, en el texto de la ordenanza local Nº23.353 que preveía dentro de General Pueyrredon penas de hasta un millón de pesos.

En cualquier caso, tanto la Provincia como la Municipalidad coincidieron en un mensaje claro: desalentar, como sea, las fiestas clandestinas. Y la idea de lograr un fallo contundente contra los infractores en un contexto sensible de pandemia se presumía como una política efectiva para disuadir y calmar el ánimo festivo de los jóvenes ¿Pero qué pasó con las multas abultadas que se anunciaron? ¿Se aplicaron o no?

A partir de la consulta con distintos ámbitos y fuentes oficiales, 0223 pudo confirmar que hasta la fecha solamente se aplicó una sanción por alguno de los cientos de eventos que se celebraron en el verano marplatense. La única pena fue impuesta por el Juzgado Municipal de Faltas Nº1, a cargo de José Luis Oteiza, en la causa que lleva el número de trámite 695923, donde el monto final estuvo bastante lejos de los millones que se alentaban desde la Gobernación en La Plata.

Al igual que como sucede con el cálculo de las infracciones de tránsito, la definición de las multas en este tipo de expedientes toman como referencia los módulos de las unidades fijas (UF), un indicador que actualmente en la Provincia tiene un valor de 79,90 pesos. El juzgado de Oteiza implementó una multa de 2000 UF, por lo que se deduce que la sanción económica fue de aproximadamente 159.800 pesos. El dictamen también incluyó el secuestro de las bebidas alcohólicas retenidas y el decomiso de elementos secuestrados como parlantes y un reflector lumínico, según lo que pudo constatar este medio.

En el resto de los juzgados (en General Pueyrredon hay 5 y dos tienen cargos vacantes), las definiciones tampoco abundaron: en el Nº3, por ejemplo, reconocieron que ingresaron "muy pocas actas de constatación" relacionadas con fiestas clandestinas. Por esta fecha, solo tienen un acta en curso en la que está transcurriendo el plazo para que los imputados presenten el descargo pertinente, en ejercicio de su derecho de defensa. Y en el Juzgado Nº5, también hay una sentencia en proceso de notificación que se definió durante una subrogancia del magistrado Pedro López Martucci.

La explicación que dan las autoridades ante la escasa actividad es que cuando los policías o empleados municipales concurren a los domicilios particulares para desarticular las fiestas, las actuaciones después se remiten directamente al Ministerio Público Fiscal Federal al tratarse de violaciones a la normativa que dictó por la emergencia sanitaria el presidente Alberto Fernández en el marco de la vigencia de los períodos conocidos como "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y "distanciamiento social, preventivo y obligatorio".

Pero ante la consulta con distintos integrantes de la Justicia Federal, el panorama de acción tampoco cambia. "La verdad que hubo varias causas por temas de fiestas clandestinas pero están en trámite. Si bien la Municipalidad interviene por las multas en infracciones a los protocolos, en lo que tiene que ver con la infracción a la normativa que impedía esas reuniones en todo el país y la provincia las causas todavía no tienen definición", indicaron fuentes de la Fiscalía Federal Nº2, que estuvo en turno durante enero, el mes con mayor auge de fiestas.

Según los datos que constan en la Secretaría de Seguridad que dirige Horacio García, en el primer mes del 2021 se desarticularon 332 eventos a partir de las denuncias anónimas que hicieron vecinos a través del whatsapp 2234368599 que sigue en funcionamiento. El otro mes con mayor actividad, aunque con un pronunciado descenso en comparación, fue febrero, con 190, mientras que en diciembre hubo 170, lo que permite concluir que durante el período de mayor afluencia turística para la ciudad se celebraron 692 fiestas, a un ritmo de casi 8 por día.

Entre las intervenciones públicas que se dieron a conocer desde el Ministerio Público, figura a mediados de enero una causa que involucra a dos jóvenes empresarios de Rosario: ambos fueron llamados a indagatoria al estar acusados de hacer fiestas reiteradas en una casa alquilada de Avenida de los Trabajadores al 4200, en el barrio Punta Mogotes. Y en los últimos días, también se difundió el avance en otra causa - también por llamado a indagatoria, el primer acto procesal en la etapa de instrucción - ligada con dos hombres que habrían hecho al menos cuatro celebraciones ilegales en los últimos meses en el domicilio Calazans al 2500, en el barrio Montemar. Los imputados tienen 15 denuncias en su contra.

A pesar de la falta de definiciones, el intendente Montenegro siempre entendió que las investigaciones penales que se promovieron desde la Justicia Federal fueron un instrumento clave para "desalentar" estos eventos. "El hecho de haber sido muy exigentes al principio hizo que haya menos fiestas pero la verdad es que no nos podemos relajar tampoco. La sensación es que donde aflojás, rápidamente puede crecer de nuevo", había dicho, en un mano a mano con este medio a mediados de febrero.

De todos modos, y con el agravante de la ausencia de veredictos ejemplificadoras, la realidad marca que las fiestas clandestinas todavía siguen siendo un dolor de cabeza en Mar del Plata. De hecho, en la madrugada del sábado, a pocas horas del comienzo formal de las primeras restricciones que anunció el presidente para contener la segunda ola del Covid-19, hubo operativos de la policía en el barrio marplatense de San Carlos a partir de diversas denuncias que canalizaron vecinos en la línea de emergencias del 911.