Tras años de reclamos, la Justicia insta a reubicar una garita de seguridad frente a una escuela

Después de más de siete años de reclamos por los sucesivos hechos de inseguridad que sufren los vecinos de la zona donde limitan los barrios Florencio Sánchez, San Martín y Santa Celina, la Justicia de Mar del Plata instó al Ministerio de Seguridad de la Nación a reubicar una garita de seguridad frente al edificio donde funcionan la Secundaria Nº 47, Primaria Nº 35 y el Jardín Nº 919 a fin de evitar robos en la zona.

En la misma sentencia en la que absolvieron a dos policías acusados de brindar protección a una banda que comercializaba cocaína y marihuana en la villa Mateotti, los jueces Roberto Falcone, Nicolás Toselli y Fernando Machado Pelloni solicitaron a la cartera que conduce Sabina Frederic que evalúe la posibilidad de modificar el emplazamiento del puesto de control de la Prefectura Naval Argentina (PNA), situado en Mario Bravo y Talcahuano, reubicándolo sobre la misma avenida, en el frente del edificio donde funcionan las instituciones educativas.

La solicitud de los miembros del Tribunal Oral Federal responde al pedido que había hecho a lo largo del proceso el fiscal general Juan Manuel Pettigiani para trasladar 120 metros el puesto de control de Prefectura en pos de alcanzar “una disuasión efectiva para evitar la reiteración, en el lugar, de los hechos en juzgamiento”.

Asimismo, los magistrados instaron a la Municipalidad de General Pueyrredon a garantizar el servicio ininterrumpido de la cámara de seguridad ubicada en la misma intersección.

Los vecinos de la zona reclaman por la reubicación de la garita de seguridad que corresponde a Prefectura desde hace, al menos, siete años. Con el correr del tiempo, los hechos de inseguridad se incrementaron y tienen como principal blanco a los integrantes de la comunidad educativa de la Secundaria Nº 47, Primaria Nº 35 y el Jardín Nº 919.

Por caso, el 6 de marzo pasado, la directora de la Primaria Nº35, Virginia Sáez, fue atacada a golpes por un delincuente mientras concluía su jornada laboral y se disponía a cerrar la puerta de la escuela. A este antecedente se suma el episodio de noviembre de 2020 cuando una maestra terminó con el brazo fracturado cuando le quisieron quitar la bicicleta.

En el fallo, los jueces resolvieron absolver a los funcionarios policiales Orlando Ezequiel Menghini y Pedro Ismael González tras considerar que la fiscalía no probó durante las diez audiencias del juicio el supuesto aporte de ambos a la organización delictiva e inmediatamente recuperaron la libertad.

Las maniobras se realizaron al menos desde agosto de 2014, cuando se presentó la denuncia en la Fiscalía Federal N°2, a raíz de las imágenes captadas por cámaras de seguridad municipal, y durante cuatro años hasta la realización de 25 allanamientos simultáneos dispuestos el 23 de agosto de 2018.