Reproches al FMI, críticas a Equinor y acusaciones de "ilegalidad": qué dice el amparo de Montenegro

La falta de acceso a información ambiental y la omisión de consulta o participación pública son las dos principales acusaciones sobre las que el intendente Guillermo Montenegro fundó el amparo que presentó este miércoles para tratar de suspender provisoriamente las tareas de prospección sísmica que la petrolera noruega Equinor, en asociación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Shell, pretende llevar adelante a más de 300 kilómetros del frente de la costa de Mar del Plata.

En el escrito de más de 60 hojas al que accedió 0223, el jefe comunal reiteró, en primera instancia, los pedidos por acceder a la información de estudios de impacto ambiental que aclaren y certifiquen qué clase de repercusión tendrá la actividad de exploración en las profundidades del mar argentino a fin de “garantizar la preservación el medio ambiente local y de los sectores socio económicos” de la ciudad.

“Me habilita a acceder a esta información no solo mi derecho como habitante y vecino del partido sino también mis obligaciones como intendente municipal. Sin la información adecuada me está siendo vulnerado el ejercicio del cargo al cual accedí legítimamente a través del voto popular; específicamente se me está vedando el acceso a herramientas necesarias para velar por la salubridad de los vecinos de General Pueyrredon”, consideró Montenegro.

“Ilegal y arbitrario”

El jefe político de la ciudad puntualizó diversos cuestionamientos la proceder que tuvo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que encabeza Juan Cabandié y sostuvo que la resolución 436/2021 – es la medida que en el último día hábil del 2021 autorizó a las petroleras a avanzar con la prospección – es una “acción ilegítima”. “Analizando el perjuicio real, actual e inminente sobre el ambiente y, específicamente, como resultado de un análisis primario que no contiene elementos técnicos – a los que se me ha vedado el acceso -, se avizora un serio peligro sobre el recurso ictícola a partir de las tareas que se autorizan”, sostuvo el intendente.

Montenegro recordó en su amparo que el deber de información ambiental ya está claramente consagrado en el artículo 16 de la Ley 25.765, al cual, según su mirada, hizo caso omiso el Gobierno. “Este acto de autoridad publica resulta manifiestamente ilegal e arbitrario”, insistió en la presentación que hizo de manera conjunta con el abogado Mauro Asdrúbal Martinelli, de modo que entendió que la “resolución atacada es susceptible de vulnerar el derecho ambiente sano”.

¿Alcanza con una audiencia?

Al ahondar y reflexionar sobre las instancias de participación pública que se promovieron para el debate y análisis de este proyecto que comenzó en 2018 el Gobierno de Mauricio Macri, Montenegro se preguntó: “¿Es suficiente la celebración de una audiencia pública para tener por satisfecho el requisito de participación pública?”.

El jefe comunal recordó que al respecto que la ciudad tiene el primer puerto en importancia en términos de desembarque y señaló que las capturas anualizadas a nivel local muestran “más de 15 veces el total de todos los demás puertos pesqueros” de la Provincia de Buenos Aires. “A pesar de la trascendencia que exhiben el puerto y Mar del Plata, toda la tramitación del expediente fue realizada sin intervención de la Municipalidad de General Pueyrredon”, cuestionó.

Además, en la presentación judicial – que incluye el pedido de una cautelar para suspender la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable – se apuntó que “en la audiencia pública fue planteado en más de una oportunidad el impacto que la actividad provocaría a la actividad pesquera y, en una etapa posterior, a la industria turística”.

Y sobre este aspecto, mencionó el antecedente de prospección sísmica que afectó al Golfo de San Jorge en 2009. “Eso generó que haya virtualmente 0 capturas de merluza en el puerto de Caleta Paula en 2010”, dijo, al hacerse eco de una de las experiencias en el país que planteó el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa) durante la audiencia que se celebró en julio del año pasado y en la cual se escucharon 373 intervenciones: 345 fueron en contra y solamente 12 a favor de la exploración petrolera.

Con estos ejemplos y argumentos, Montenegro y su equipo de legal y técnica entendió que “no ha sido correctamente merituado el impacto en el sector pesquero y en su cadena de comercialización”. “Nunca tuvimos acceso a información, por lo que hay un desconocimiento total de lo actuado previo a esta decisión”, señaló.

Reproches a Equinor y el FMI

El intendente también denunció que el proyecto de Equinor, la firma noruega que llevará adelante la prospección, “no fue pensado desde una lógica amigable con el ambiente” y dijo que “solo pondera la conveniencia en función de los costos operativos”. Del mismo modo, acusó “deficiencias” en el estudio de impacto ambiental que presentó el privado petrolero al Gobierno.

Dentro del amparo tampoco escapó el debate por el Fondo Monetario Internacional (FMI) – organismo con el cual la Argentina se encuentra en plena negociación por la reestructuración de la deuda que en 2018 tomó Mauricio Macri por cerca de US$45.000 millones – y Montenegro consideró que la promoción de la actividad petrolera que sostiene la gestión de Alberto Fernández responde a uno de los pedidos de la entidad de préstamos.

“Esta medida va más en línea con las recomendaciones realizadas por el FMI a nuestro país para fomentar el crecimiento a través de la exportación de fósiles”, advirtió, y al mismo tiempo recordó que esto va en contra de los compromisos internacionales contra el cambio climático asumidos por Argentina en los últimos años: “La Agencia Internacional de Energía dijo que desde el 2021 no se pueden hacer nuevos proyectos de extracción de gas, petróleo o carbón para no superar el aumento de temperatura 1,5 grados en el planeta”.

Entre otras críticas, también se acusó por la “falta de estudio de impacto acumulativo” que conlleva a una “falta de certeza total sobre la inocuidad de la actividad”. El jefe comunal también se resguardó en un informe que presentó en 2019 el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) donde se advierte sobre los riesgos de la prospección para la fauna marina.

Urgencia

Montenegro acusó “verosimilitud en el derecho” y “peligro en la demora” para fundamentar el tratamiento inmediato de la cautelar que se peticionó en el marco del recurso de amparo, con el objeto de suspender todas las tareas que autorizó a explotar el Gobierno de Fernández el 30 de diciembre del 2021.

Es que, según el intendente, “de no adoptarse rápidamente la medida cautelar solicitada, las actividades autorizadas darán inicio sin que se sepan las consecuencias para el medio ambiente”. "Hay una amenaza inminente e inesperada de lo que se realice sea irreversible para nuestro medio ambiente", aseveró, en el corto plazo, y también planteó interrogantes por el comienzo de la prospección, cuya fecha aún no fue confirmada ni por el Gobierno ni por las empresas involucradas.

Concretamente, Montenegro propone una suspensión total "hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental” de la actividad en cuestión. También, y en forma subsidiaria, exige que “se suspenda todo acto autorizado hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto”.