La Municipalidad echó a un empleado por violencia laboral de género

El intendente Guillermo Montenegro sancionó un decreto a través del cual despidió a un empleado al que se lo encontró culpable de ejercer violencia laboral de género contra una compañera, con la intención de lograr su exclusión laboral, en un caso donde se aplicó una reciente ordenanza que establece un protocolo de abordaje y actuación para la prevención de situaciones de violencia laboral contra las mujeres.

Tras un proceso sumarial de casi un año en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza 24.271, la Comuna concluyó que el ahora exempleado ejerció un “hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral”, en un caso que se inició con una denuncia ante la Dirección General de Políticas de Género en 2021. Ello está contemplado como una situación de violencia laboral contra las mujeres, de acuerdo al Art. 6 de la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

En su conclusión, la Dirección Sumarios entendió que el comportamiento del agente “configura un daño a uno de los componentes inmateriales esenciales que conforma la relación de empleo público, es decir el vicio moral en el modo de gobernar su vida y conducir sus acciones, y consecuentemente haber tenido una conducta hostil”, por lo que recomendó la sanción de cesantía. Finalmente, la Junta de Disciplina resolvió por mayoría la expulsión del agente, con la oposición del representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, para el cual “los hechos que se le imputan no se encuentran probados”.

En el proceso, se valoró el informe de la psicóloga de la víctima, quien sostuvo que "se encuentra en una situación de vulnerabilidad laboral, en la que es sometida diariamente en su lugar de trabajo, donde el imputado se presenta en su sector, denotando su impunidad frente a la denuncia y ejerciendo el control que siempre ha demostrado tener".

Asimismo, en el expediente se destacó la declaración del director general de Licencias de Conducir, Leonardo Lampugano, responsable político del área donde se desempeñaba el acusado. El funcionario dio cuenta de haber recibido reclamos de la víctima por el comportamiento del agente, donde incluso hubo otros casos: "he recibido pedido de traslado de dos compañeras del sector donde presta servicios argumentando que no se puede dialogar con el mismo y de dos compañeros más, prefiriendo las dos empleadas pedir el pase a tener que seguir aguantando esas situaciones”, planteó

También contó que le "ha tocado vivir momentos de tensión por la manera intimidatoria de dirigirse del imputado”, algo que también le habría sucedido al subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván. “Coincidimos ambos que se trata de una persona temperamental de reacciones agresivas e incluso excedidas”, sostuvo Lampugano.

La tramitación del caso estuvo atravesada por la condición de delegado sindical del agente imputado, quien en su declaración negó los hechos que se le indilgaban. El empleado ejercía como delegado al momento de ser denunciando y, pese a que dejó de cumplir ese rol en diciembre de 2021, aún estaba protegido por la tutela sindical que se extiende por otros 12 meses. Pese a estar imputado, el exagente volvió a ser elegido delegado el pasado 5 de julio.

Por ello, en el expediente se abrió el interrogante sobre si había impedimentos legales para sancionar al agente, habida cuenta de la protección con que cuentan quienes cumplen dicha representación. Sin embargo, la Dirección Dictámenes fue concluyente: “no se encuentran objeciones”.