Reconocimiento Facial: Legal y Técnica recomendó la creación de un organismo de control interno

El subsecretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, recomendó la creación de un “organismo de control interno” para la implementación del sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos que debate el Concejo Deliberante a propuesta del intendente Guillermo Montenegro. También advirtió sobre la necesidad de tomar medidas para evitar el uso indebido de los datos y pidió la eliminación de la información que surja de los resultados negativos.

En respuesta a un pedido de informes solicitado por el HCD, Martinelli puntualizó que el sistema “debe ser regulado de manera tal que se garantice la protección de los derechos de privacidad y/o intimidad de los individuos”. En su escrito de tres carillas al que accedió 0223, el funcionario reconoció la colisión entre el derecho a la privacidad y la aplicación de esta herramienta de control, aunque resaltó que “el punto es que el fin que se persiga por la misma sea lícito, razonable e idóneo para lograr el bien superior que se persigue, que en este caso es garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

“La captura de los datos biométricos de una persona a través de las cámaras de vigilancia urbana es efectuada sin su consentimiento”, aseguró el letrado en su escrito donde relató que esta situación dio lugar a diversos planteos judiciales tanto en el país como en el exterior, “considerándose que puede traer resultados negativos, discriminatorios, perjudiciales e injustos”. Más allá de esto, puntualizó que “el sistema se usa desde hace años en muchos países, tales como Japón, EE.UU y que incluso ha sido implementado en Europa y, a nivel provincial, hay algunos Municipios que lo utilizan”.

Recuperando también los cuestionamientos a “la utilización que le dará el Estado a esos datos que recaba”, el funcionario brindó una serie de recomendaciones para garantizar la transparencia del Reconocimiento Facial de Prófugos.

En primer lugar, pidió que en su implementación se “tenga en cuenta la creación o puesta en marcha de organismos de control interno que aseguren circunscribir el uso de los datos biométricos obtenidos para la investigación de delitos”. Además, “estos organismos deberán brindar información técnica sobre el funcionamiento del sistema en casos de requerimientos de orden judicial y/o de organismos de participación ciudadana”.

En segundo orden, y como consecuencia de lo anterior, se debe proceder a “la eliminación automática de aquellos (datos) cuando no exista coincidencia con los que existan en la base de datos a utilizar”. En tercer lugar, en los casos positivos “los datos deben ser conservados de una manera que permita identificar a la persona dueña de esos datos, por un tiempo no mayor al necesario para cumplir la finalidad del registro”, aunque no se brindaron precisiones sobre posibles plazos.

Finalmente, también solicitó “tomar medidas para proteger los datos contra el acceso, modificación o difusión no autorizados”. Este aspecto, por caso, es el que llevó a la suspensión del sistema en Caba por orden judicial, luego de constatarse el almacenamiento y posterior acceso a información biométrica de referentes de la política.

El próximo lunes, la Comisión de Legislación volverá a tratar el proyecto enviado por el intendente en enero, donde el oficialismo está en minoría y a la fecha no tiene los votos necesarios para superar la instancia. Allí abordarán tanto el informe de Martinelli como uno reciente del secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde se defendió la implementación de la herramienta por su aporte en la lucha contra la inseguridad.