El gobierno llamó a licitación para implementar el reconocimiento facial de prófugos

El intendente Guillermo Montenegro oficializó la convocatoria a licitación para la contratación por dos años del servicio de software de reconocimiento facial de prófugos a través de las cámaras de seguridad, luego que el Concejo Deliberante autorizará en 2022 la implementación del sistema y con el cual busca implementar una herramienta que consideran “clave” en materia de seguridad.

La novedad del llamado a la Licitación Pública N° 8/23, pautada para el 10 de agosto y con una inversión de $76.800.000, llega con un condimento extra, ya que el nuevo sistema también incorporará tecnología que permite la identificación de patentes.

En abril del año pasado, el gobierno municipal solicitó al Concejo Deliberante autorización para implementar el sistema de reconocimiento facial de prófugos, permiso que obtuvo en agosto en una votación ajustada donde Nicolás Lauría aportó un voto clave. Como condición, los concejales establecieron que la contratación debía realizarse mediante licitación pública y durante todo este tiempo el Ejecutivo se ocupó de las gestiones necesarias para acceder a las bases de datos de diversos organismos.

Según trascendidos, el gobierno aún no logró tener acceso a la base de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), dependiente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Si bien los datos básicos de los casi 40 mil prófugos son de acceso público, a la información sensible que permite realizar los cotejos solo se puede acceder a través de un convenio al que no pudo llegar la Comuna. En su lugar, inicialmente se implementaría con bases de datos locales, lo que limitaría el accionar.

El debate por el reconocimiento facial de prófugos no estuvo exento de cuestionamientos políticos sobre el posible uso irregular de la herramienta, sobre todo luego que la justicia porteña declarara inconstitucional al sistema que se implementa en Caba, ya que no cumplía con “los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes". Finalmente, este año la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario autorizó su uso, aunque impuso algunas limitaciones.