Bomba en el Don Bosco: "El colegio tendría que haber avisado inmediatamente tras la explosión"

Walter Martínez Soto, el tercer fiscal que asume la causa por la explosión en el colegio Don Bosco que dejó sorda a Azul Zabaleta, reprochó a los directivos de la institución por no haber avisado "inmediatamente" a la Justicia del grave suceso ocurrido a principios de julio para facilitar su esclarecimiento e identificar a los alumnos responsables cuanto antes.

Al brindar su reflexión sobre los hechos, el funcionario judicial pidió tener en cuenta que "todas las acciones que se realizan tienen una consecuencia e implican asumir determinadas responsabilidades".

"Resulta importante que se conozca del derecho y se sepa que las agencias policiales y judiciales deben intervenir en este tipo de sucesos. Esa debería ser una enseñanza", remarcó el fiscal, en declaraciones a 0223.

Bajo este razonamiento, el hombre del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil consideró que las autoridades del Don Bosco deberían "haber dado aviso inmediatamente" una vez que se tomó conocimiento de la explosión de la bomba casera que colocaron alumnos en el patio para cumplir con un reto de TikTok. La escuela, en ese entonces, ni siquiera se comunicó con la comisaría cuarta o el 911, tal como dio a conocer este medio.

"Creo que tendrían que haber hecho eso pero lo que pasa que también hay un protocolo provincial. Y mi opinión, que es completamente personal, es que quizás hay un desconocimiento en cuanto a la escalas de las normas", aseveró Martínez Soto.

Para el representante del Ministerio Público, "no puede haber una disposición administrativa que sea superior a una ley emanada desde el Congreso". "Y más cuando, en particular, limita derechos o, como en este caso, hace dificulta la investigación de un delito", apuntó.

"Este planteo no lo hago de manera particular contra nadie. Obviamente que habrá responsabilidades de distintos niveles pero está claro que no podemos quedarnos con esto de que no saber qué fue lo que pasó", cerró el fiscal.

Martínez Soto encabezó este jueves al mediodía un allanamiento que permitió individualizar a dos menores y avanzar con el secuestro de sus celulares para tratar de determinar posibles responsabilidades en la fatídica broma que sucedió el 8 de julio.

La causa ya pasó por las manos de tres fiscales. Primero actuó el fiscal de Delitos Culposos, Rodolfo Moure, que definió la carátula por "estrago doloso, lesiones y omisión de auxilio". Después intervino el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, Alejandro Pellegrinelli, y al final, este miércoles, se confirmó la intervención del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, al tener en cuenta que los imputados podrían ser menores de edad.

El caso

Azul Zabaleta, alumna de cuarto año del secundario del Instituto Don Bosco, salió al último recreo del viernes 8 de julio a las 12 del mediodía, con la felicidad de saber que llegaba el fin de semana. Hasta que al pasar al lado de un cesto de basura, un explosivo de fabricación casera estalló y la desvaneció ante la mirada incrédula de compañeros, profesores y autoridades.

Luego de un mes de diversos tratamientos, se confirmó el pasado viernes que la adolescente sufrió la pérdida del 96.4 % de su audición, y que deberá someterse a una operación para colocarle unos implantes cocleares, cuyo valor van desde los 40 mil a 60 mil dólares. Además, no podrá practicar nunca más deportes de contacto: deberá abandonar el rugby y el karate, disciplinas que formaban parte de su rutina diaria.