Cámaras empresarias y productivas piden anular la polémica cesión de tierras al MTE en Chapadmalal

Las nueve instituciones más representativas del sector productivo de Mar del Plata expresaron este jueves un rechazo "categórico" y pidieron al Gobierno nacional que "deje sin efecto" la decisión que autorizó la cesión de un campo de 140 hectáreas a una ONG del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois para montar una colonia agroecológica en la zona.

Distintos empresarios, industriales y constructores advirtieron que el proyecto de la organización social podría "frenar el desarrollo de toda la zona, perjudicando principalmente a los vecinos más próximos, y en consecuencia a toda nuestra ciudad y a la vecina Miramar". "La decisión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de ceder 140 hectáreas de tierras del Estado Nacional en la zona se resolvió de forma discrecional, poco participativa e inconsulta", cuestionaron.

"La decisión discrecional nos ha ciertamente sorprendido, pues contradice el desarrollo productivo y turístico que viene teniendo esa zona conocida como 'Chapa', dando origen a un riesgo evidente de evolucionar a otro emprendimiento socio-comunitario que podría dejar instalado un asentamiento informal", se advirtió en un comunicado conjunto que lleva la firma de representantes del Parque Industrial General Savio, la Cámara Textil de Mar del Plata, el Centro de Constructores y Anexos, la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, el Cluster de Alimentos y la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra).

El sector reclamó a las autoridades que garanticen un "procedimiento distinto" a la hora de definir el destino de estas tierras. "Se debiera analizar qué destino habría de concederse, comprendiendo la complejidad de dar afectación a bienes públicos, para lo cual se propone propiciar un espacio de diálogo con los diversos actores intervinientes en el territorio, se trate de Municipios, Concejos Deliberantes, asociaciones vecinales, instituciones pertenecientes al entramado socio-productivo, universidades, entre otros", consideraron.

"Comprendemos se debe atender a los múltiples actores intervinientes, a través de diversas instancias de diálogo y participación, para la definición de su afectación en función de las necesidades y propuestas del conjunto de la sociedad, generando entonces una definición de carácter estratégica de manera consensuada", apuntaron.

Bajo este razonamiento, los referentes empresarios expresaron que se "oponemos categóricamente a la disposición de estas tierras de manera unilateral e inconsulta, bajo la falsa alusión a un riesgo de intrusión que no se verifica ni verificó". "Solicitamos encarecidamente al Gobierno Nacional dejar sin efecto toda medida en tal sentido, quedando los que suscriben a disposición para las instancias de diálogo necesarias", insistieron.

"Estamos convencidos que las fuerzas vivas de la ciudad nos constituimos como un actor que no puede ser ignorado y, el destino de 140 hectáreas sobre línea costera en una zona en pleno desarrollo hacen especialmente al futuro de nuestra querida ciudad, por la cual trabajamos todos los días", concluyeron.

Al advertir un supuesto riesgo de usurpación en el campo que permanece sin uso, el Gobierno decidió ceder las tierras fiscales a la ONG Tercer Tiempo, del MTE, para fomentar un modelo de producción agroecóligica sustentable, sin uso de agroquímicos, que implicaría la llegada de un centenar de familias. Al conocer la propuesta, un importante grupo de vecinos de El Marquesado y otros barrios del extremo sur del distrito pusieron la voz en alto y manifestaron su rechazo a través de marchas y protestas.

El intendente Guillermo Montenegro también intervino y decidió llevar la situación a la Justicia, con una denuncia penal contra Eduardo Albanese, titular de la Aabe, por “incumplimiento de sus deberes” de funcionario público; contra Gabriela Carpineti, directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, por estar presente al momento de los hechos y contra Marcos Santucho, quien preside la ONG Tercer Tiempo vinculada a la organización de Grabois. La causa la tramita el juez federal de Capital Federal, Airel Lijo.

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