La Justicia confirmó el rechazo a la cautelar que buscaba frenar la instalación del bar junto al Faro

Un nuevo triunfo judicial obtuvo el gobierno municipal en el marco de la controversia con organismos de derechos humanos y otras instituciones por la instalación de un bar y destilería de gin en la zona de El Faro, luego que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmara el rechazo a la cautelar solicitada por quienes rechazan el proyecto.

De este modo, los camaristas Diego Ucín y Roberto Mora confirmaron la resolución que había adoptado en septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de Marcelo Fernández en el amparo iniciado por la ONG Surfrider Argentina, por lo que ahora la causa volverá a su tribunal de origen para avanzar con el análisis de fondo en torno a la legalidad o no de la ordenanza que autorizó la instalación del emprendimiento en un predio en el que, aseguran los denunciantes, funcionó el centro clandestino de detención de la Esim.

Para mantener la denegatoria, la Cámara sostuvo "no existe situación de peligro inminente que merezca la salvaguarda precautoria pretendida, esto es la suspensión de su vigencia", haciendo hincapié en el incumplimiento de uno de los requisitos para que prospere una cautelar, es decir, el peligro en la demora.

"El fundamento cardinal utilizado por el juez de la instancia anterior para rechazar la tutela requerida, no fue otro que la ausencia del recaudo del peligro en la demora", estimaron Mora y Ucín, para quienes la apelación de Surfrider no contrarrestó los argumentos del juez.

"La demostración del peligro en la demora no sólo importa acreditar el perjuicio que se pretende evitar con la anticipación sino, principalmente, su palpable irreparabilidad en el futuro", explicaron los jueces.

Desde allí plantearon que, "la amparista no alcanza a rebatir adecuadamente la decisión puesta en crisis" dado que "apuntala su crítica a partir de la verosimilitud del derecho, así, pone énfasis en la ausencia de la elaboración del estudio de impacto ambiental que prevé la propia Ordenanza y cuya obligatoriedad surge de la ley de ambiente".

En paralelo a la demanda en el fuero contencioso administrativo, organismos de derechos humanos denunciaron por delitos penales a los concejales que aprobaron la ordenanza que otorgó el permiso para la instalación del emprendimiento, como así también a la Sociedad de Fomento Faro Norte y la empresa Burbarrel. La Fiscalía de Delitos Económicos habilitó la investigación, aunque inicialmente rechazó una cautelar con la que también se buscaba frenar la implementación de la ordenanza.