Piden investigar el funcionamiento del Fondo Fiduciario para víctimas de Trata

El Fiscal General ante el Tribunal oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani presentó este martes una denuncia penal por el delito de acción pública y solicitó que se investigue el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Víctimas de Trata creado por la Ley 27.508. El pedido surgió porque en la jurisdicción donde hubo la mayor cantidad de sentencias de trata no se reparó a ninguna víctima con ese fondo.

En su presentación de 17 páginas el Fiscal sostuvo que debe investigarse "la discrecionalidad y/o subejecución y/o irregularidades en el manejo de diversos fondos fiduciarios públicos, entre ellos el fondo fiduciario de Asistencia Directa a Victimas de trata y que se investiguen "los presuntos delitos de defraudación fiduciaria de dicho fondo".

Pettigiani sostuvo que la fiscalía a su cargo fue una de las que más condenas relativas al delito de Trata de Personas logró y que procuró la reparación directa a las víctimas desde un principio. Sin perjuicio de ello, sostuvo que mantenía diferencias de criterios ante la Procuración General de la Nación "en cuanto a la aplicación y utilización de la ley de trata en esta jurisdicción de Mar del Plata, especialmente, en materia de trata laboral".

Tras recordar que esa fiscalía fue la que más condenas de trata logró, todas por explotación sexual, indicó que hace unos seis años "la problemática, en el campo de la actividad sexual, había empezado a mostrar que derivaba hacia otras figuras, fundamentalmente, la explotación económica de la prostitución ajena, continente, casi natural, de la problemática en cuestión". 

"En ese momento, también comenzaron a llegar a juicio, las causas vinculadas a la presunta trata laboral que, a diferencia de la actividad sexual, no tiene una figura penal residual, como sería la de explotación del trabajo ajeno. Los límites que la realidad presentaba la problemática en Mar del Plata, llevaron a la estructura de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a buscar métodos de supervivencia, generando la banalización de un delito grave, a través de la expansión indebida de la figura penal de la Trata en la faceta laboral", señaló.

Para Pettigiani "intentar forzar que todos los hechos constituyen el delito de trata, lleva a resultados dañosos, y como todo forzamiento de la realidad para hacerla encajar en ciertos tipos penales complejos, esa política, a poco de andar, mostró en la jurisdicción Mar del Plata, sus severas limitaciones, produciendo en su transcurrir un enorme daño, del que la estructura no se hizo cargo y dura hasta la actualidad".

"El análisis de las causas que llegaban a juicio por explotación laboral, en la preparación de la estrategia que el MPF intentaría llevar adelante en el debate, permitían inferir que no se presentaban ninguno de los requisitos típicos de la trata", sostuvo.

En la presentación que hizo ante la Cámara Federal de Buenos Aires porque es el órgano de control y los fondos se ejecutan allí por una cuestión de competencia, indicó que la política llevada adelante por la PROTEX junto a fiscalías y Juzgados de primera instancia fue ineficaz y tuvo una demostrada "capacidad de daño".

En tal sentido graficó que en la denominada causa "Frutillar" por presunta trata laboral, se sustrajeron más de 400 mil dólares en el marco del allanamiento de uno de los empresarios perseguidos "que terminó absuelto, así como todas las concausas, luego de muchos años de instrucción".

Un decomiso, custodia y reparación

Pettigiani sostuvo que algo similar ocurrió en el marco de la causa denominada "Fay" que data de hace diez años y en el que se encuentra decomisado preventivamente el local que funcionó en calle Alem y que fue dado en carácter de custodia a la Asociación Mundo Igualitario.

"En este punto, es dable mencionar que dicha institución no tiene ningún tipo de relación con las reales víctimas del prostíbulo “Madahos”, quienes fueron resarcidas, por importantes sumas, directamente, por los imputados en el marco de un juicio abreviado, con sentencia firme, escapando a la burocracia a las que se ven, nuevamente, sometidas otras víctimas", detalló.

El fiscal indicó que según lo resuelto en la instrucción, la asociación debía destinar las eventuales ganancias obtenidas por la administración del espacio, a la reparación económica de las victimas del caso, a través del fondo fiduciario del Consejo Federal para la lucha contrata la trata y explotación de personas y para la Protección y asistencia de las víctimas. En el escrito afirmó que eso no ocurrió por el momento.

Tras preguntarse los motivos por los que, a su entender, se persiguió violentamente a productores locales o empresarios bajo la figura de trata laboral con el afán de decomisar bienes, razonó que "sería la posibilidad de acrecentar el Fondo fiduciario creado por ley 27508, para luego, verse convertido en una de esas llamadas 'cajas negras de la política', la cual debe ser acrecentada para poder disponer de mayores dividendos".

Según Pettigiani a partir del año 2021, se determinaron restituciones para el 59% de las víctimas; es decir que cerca del 40% de las víctimas identificadas en sentencias condenatorias no han sido resarcidas. Por su parte en el año 2022 se establecieron restituciones para el 86,42% de las víctimas, quedando casi un 15% sin acceso a la reparación.

"En lo que concierne a Mar del Plata, de las víctimas por delitos de trata de personas con sentencia firme en esta jurisdicción, ninguna fue reparada mediante el fondo fiduciario desde su creación, así como tampoco se han rendido cuentas de la administración de los bienes dados en custodia por los titulares de la AABE a distintos organismos discrecionalmente (es decir, sin llamado a convocatorias abiertas a la sociedad en su conjunto), para que sus eventuales ganancias, sean introducidas al fondo", concluyó.

A partir de no hallar beneficiarios en la ciudad, el fiscal creyó que la investigación deberá ceñirse a desentrañar el funcionamiento del Fideicomiso administrado por el Banco Argentino de Desarrollo BICE -banco público que otorga financiamiento de corto, mediano y largo plazo con foco en los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales-, toda vez que actúa en carácter de fiduciario del Fondo de Asistencia Directa a víctimas de Trata".