La disputa judicial contra la Municipalidad de un gigante de las telecomunicaciones y otras yerbas

Telecom va a la Justicia Federal para frenar una deuda que reclama la Municipalidad

Un por demás relevante frente judicial se le abrió en las últimas horas al intendente Guillermo Montenegro, no tanto por el posible impacto económico sino por el político. Es que un gigante de las telecomunicaciones acudió a la Justicia Federal de Mar del Plata para frenar el reclamo que la Municipalidad de General Pueyrredon le realiza por una presunta deuda por tasas y derechos, que la firma impugna por inconstitucionales.

La empresa es ni ni menos que Telecom Argentina SA, controlada mayoritariamente por los propietarios del Grupo Clarín, y que opera firmas como Personal, Claro, Movistar, Nextel, Telefónica y Flow, entre otras. La acción declarativa de certeza y medida cautelar solicitada ya es analizada por el titular del Juzgado Federal N°4, Alfredo López, donde se esperan novedades tras la finalización de la feria judicial.

Según el apoderado de Telecom, el abogado José Acosta, la empresa viene recibiendo intimaciones del Emsur para tributar Derechos de Ocupación y/o Uso del Espacio Público destinado al Tendido Aéreo, como así también del Emvial para abonar la Tasa de Inspección de Postes, Columnas y Tendido de Redes Aéreas, con una deuda de $2.873.576 y $28.318.632, respectivamente. Por este motivo, la demanda también está dirigida a los entes presididos por Santiago Bonifatti y Mariano Bowden.

La multinacional rechaza los reclamos ya que asegura se afecta el régimen federal de telecomunicaciones y a los servicios prestados por Telecom dentro del Municipio. Ambos pedidos “comportan (en forma burda y manifiesta) un gravamen directo y otro encubierto, respectivamente, al uso diferencial del espacio público necesario para la ubicación de las instalaciones y redes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que brinda Telecom, resultan inconstitucionales y violatorios de normas de orden federal que regulan la actividad de telecomunicaciones que desarrolla mi mandante” sostuvo el abogado en la demanda de 132 páginas a la que accedió 0223.

Entre ellas nombra la Ley Nacional de Telecomunicaciones N°19.798, la Ley Argentina Digital N°27.078 y demás disposiciones federales complementarias y “varios artículos de la Constitución Nacional”. Más en detalle, sobre la Ley Nacional de Telecomunicaciones puntualizan que se vulnera el Art. 39°, “que establece el uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, a fin de prestar el servicio de telecomunicaciones, estando exento de todo gravamen”.

A su vez, el letrado remarcó que se violenta la cláusula comercial y la cláusula del progreso, reconocidas en el Art.75 de la Constitución Nacional, “habida cuenta de que obstaculiza la actividad federal interjurisdiccional que desarrolla Telecom y atentan contra los principios y objetivos establecidos por las leyes de orden federal que la regulan, interfiere sobre una materia cuya regulación corresponde exclusivamente a la Nación”.

Por todo ello, solicitó una medida cautelar para que cese el reclamo municipal y un fallo de fondo donde se declare la procedencia de la demanda, dictando en consecuencia la inconstitucionalidad de los Artículos 168, 169, 171 y 247 bis de la Ordenanza Fiscal N°24.598, donde se establece el derecho y la tasa cuestionadas por la demandante

La estructura propietaria de Telecom Argentina SA está conformada por Cablevisión Holding SA, que controla el 39% de la compañía, luego del proceso de fusión con Cablevisión SA en 2017. El paquete accionario es compartido, como socios menores, con Fintech Telecom del mexicano David Martínez, el fideicomiso de Héctor Magnetto y el propio Martínez, mientras que el resto del paquete accionario está en la oferta pública, con gran parte en mano de Anses y el Banco Central de la República Argentina.

Ruido por un concurso suspendido

En una decisión que generó ruido en el área involucrada, el intendente Guillermo Montenegro dejó sin efecto el llamado a concurso que se realizó en 2022 para cubrir el cargo de Jefe de Departamento Licencias de Conducir.

En el Decreto 286/24 se remarcó que la decisión se tomó por pedido del director general de Licencias de Conducir, Leonardo Lampugano, para sostener las “medidas de austeridad”. “Teniendo en cuenta la delicada situación económica dado el proceso inflacionario que afronta el país y que replican directamente en la vida cotidiana de los vecinos de nuestro municipio, se considera necesario reforzar las medidas de austeridad del gasto público municipal”, indicó el funcionario.

Asimismo, se remarcó la reestructuración del organigrama municipal, donde Licencias de Conducir pasó a depender de la nueva Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización, sumado a la reducción de funcionarios políticos. En ese marco, “el perfil del cargo llamado a concurso no se adecuaría a la nueva reestructuración llevada adelante por el Poder Ejecutivo”.

Ruptura digital: por la llegada de Scioli, exdiputado del Pro le soltó la mano a Milei

El nombramiento de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes causó múltiples repercusiones. Las más lógicas, fueron las recriminaciones de quienes apoyaron su candidatura presidencial en 2015, quienes incluso recordaban lo cerca que estuvo de ir a una interna en 2023 frente a Wado de Pedro, para dirimir al candidato de Unión por la Patria.

Asimismo, también hubo movimientos en las propias filas libertarias. El subsecretario de Deportes de la Nación, Ricardo Schlieper, renunció a su cargo para no estar bajo las órdenes del aún embajador en Brasil. El también representante de jugadores de fútbol reconoció que su decisión se debió al nombramiento del Pichichi: “tomé la decisión personal de alejarme para darle libertad de elegir a su gente”.

También hubo enojo de muchos que apoyan a La Libertad Avanza y vieron una contradicción en la designación de un representante de la “casta”. Entre ellos se anotó el exdiputado nacional Juan Aicega, hasta ahora activo defensor de las políticas implementadas por Milei.

“Después de ver el nombramiento de Scioli por parte de Milei, doy por terminada mi gestión de apoyo en las redes. No se entiende como un corrupto así es parte del gobierno anti casta. Felicidades a todos”, concluyó.

Los Juzgados de Faltas, con espacio reducido

La falta de espacio físico es una problemática que afecta a casi la totalidad de las dependencias judiciales, donde se acumulan montañas de expedientes, muchos de ellos de causas ya archivadas. La situación no es ajena a los Juzgados de Faltas municipales que funcionan en el edificio alquilado de Garay al 3100.

Por ello, los jueces José Luis Oteiza, Pedro López Martucci y Fernando Mumare emitieron una acordada, la N°35, donde ordenaron la destrucción de todo expediente contravencional archivado hasta el 31 de diciembre de 2022.

“El volumen de causas archivadas acumuladas en los Juzgados de Faltas Nro 1, 2, 3 y 5 crea graves dificultades para su conservación dado el escaso espacio físico que se encuentra para tal fin”, remarcaron los magistrados a cargo de los tribunales donde se espera que prontamente el gobierno local avance con el proceso para designar nuevos titulares en las dos vacantes existentes desde comienzos de 2018.