Vuelve la polémica por “la copa”, la disputa que no cesa por la Tasa Vial y el libertario que hace obra pública

Coparticipación: General Pueyrredon mantiene la tendencia bajista y ahora afloran posturas secesionistas

Por séptimo año consecutivo, General Pueyrredon registra una baja en su participación en la coparticipación provincial, donde acumula una caída de casi el 6% desde la llegada de Guillermo Montenegro al gobierno municipal. La situación volvió a generar cuestionamientos del oficialismo local a la administración de Axel Kicillof, en el marco de uno de los debates estratégicos que la política bonaerense parece esquivar y en el que no aparece un horizonte de trabajo mancomunado y serio para repensar el sistema de coparticipación.

“No es caprichoso el planteo, se trata solo de recibir lo que nos corresponde como municipio. Hay que ir hacia una reforma profunda y poner fin a este sistema injusto”, expuso la senadora provincial marplatense Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, en un posteo en el que cuestionó a Kicillof.

Más extremo fue el tono del presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante, Julián Bussetti, quien directamente propuso que General Pueyrredon se separe de la provincia de Buenos Aires. “En 2026, Mar del Plata recibirá solo el 2,13% del reparto provincial. Nuestra ciudad produce, trabaja y genera riqueza. La Provincia recauda y la manda al Conurbano y a municipios improductivos. No es solidaridad: es saqueo fiscal. ¿No deberíamos separarnos de todo ese lastre?”, afirmó. “A separarnos de PBA, nos hunde el Conurbano”, replicó luego, aunque sin dar mayores precisiones sobre su propuesta secesionista.

Más elaborada fue la postura del senador nacional Maximiliano Abad. "Mar del Plata es el principal destino turístico de la Provincia, los doce meses del año. Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero la Provincia no reconoce esa realidad. Peor aún: el gobierno provincial no publica las fórmulas ni los criterios con los que distribuye los recursos", dijo, poniendo el foco en la presunta existencia de un discrecionalidad en la aplicación de la ley.

Más allá de los discursos que reaparecen año a año cada vez que se confirma una caída de la ciudad en el reparto de la coparticipación, lo cierto es que no parece haber una apuesta seria para abordar la problemática. Al menos en lo formal, la distribución no es una prerrogativa del gobierno bonaerense de turno, sino que está normada por una ley sancionada en 1987. Ninguna administración impulsó un proyecto de reforma en las últimas décadas: ni durante los ocho años de Daniel Scioli, ni en los cuatro de María Eugenia Vidal, ni en los seis de Axel Kicillof. Tampoco lo hicieron los legisladores marplatenses en estos seis años de gobierno municipal del PRO.

Se trata de una oportunidad que ahora podrían trabajar, entre otros, la propia Martínez e incluso el intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro. En definitiva, se trata de una ley que solo puede modificarse en la Legislatura bonaerense.

Existen posturas propositivas, alejadas de las posiciones extremas que plantean la disolución del régimen de coparticipación, que reivindican a la coparticipación como un sistema solidario orientado a equiparar desigualdades estructurales entre municipios, garantizando un piso básico de derechos y acceso a servicios para todos los bonaerenses. Ese esquema, además, desalienta la concentración en grandes centros urbanos y hace sostenible la vida en pequeños municipios y poblados.

El principal concepto por su incidencia es la población, que explica cerca del 36% del total, aunque solo contempla a los residentes registrados en el último censo. Analistas señalan que podrían incorporarse ponderaciones vinculadas a los llamados residentes estacionales, un fenómeno propio de ciudades turísticas como las de la Costa Atlántica. Durante el verano, muchas localidades incrementan de manera significativa su población real, con personas que demandan servicios que deben ser brindados por los municipios sin que la coparticipación refleje ese aumento.

En tanto, alrededor del 13% del reparto está vinculado a factores relacionados con la participación en los tributos, más concretamente al ítem de capacidad tributaria per cápita. En esa línea, también existen elaboraciones que analizan la posibilidad de avanzar hacia una fórmula con mayor simetría entre los aportes al fondo de coparticipación y los recursos finalmente percibidos.

Tasa Vial: el dirigente libertario que insiste contra “un robo a cara descubierta”

Fuerte repercusión generó en la política local e incluso en la nacional la nota de este medio sobre la elevación a la Suprema Corte de la principal causa que se tramita en Mar del Plata contra la Tasa Vial. La más relevante de todas, no solo por ser la más avanzada en términos procesales, sino porque el demandante es ni más ni menos que Guillermo Castello, hasta hace un mes diputado provincial de La Libertad Avanza, exponiendo de modo muy visible las tensiones de ese espacio con el tributo creado durante el gobierno de Guillermo Montenegro.

“Las guerras justas se pelean hasta el final. Sin importar los costos”, redobló la apuesta el dirigente marplatense al compartir el adelanto de 0223. “Un robo a cara descubierta”, añadió en otro posteo en X, donde difundió un escrache en el que vecinos habían bautizado “Guiller Montenegro” a un bache en Alberti y Guido, que ya fue tapado por el Emvial. “Pero Montenegro había dicho hace dos años que ponía la Tasa Vial para arreglar las calles marplatenses y coso”, ironizó.

Más allá del frente judicial, la Tasa Vial volvió a entrar en escena desde el gobierno nacional a partir de un sitio web creado por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, donde se armó un ranking de los municipios con mayores tasas. Allí, General Pueyrredon emerge junto a Pinamar -otro distrito gobernado por el Pro- como el que aplica la mayor alícuota de Tasa Vial en toda la provincia de Buenos Aires.

En la política local, muchos especulan con que la demora en la presentación del Presupuesto 2026 se vincula con algunos puntos que el Pro y La Libertad Avanza no terminan de acordar, entre ellos, precisamente, la Tasa Vial. Si los libertarios votan en contra, como ya lo hicieron en 2024, el Ejecutivo enfrenta la posibilidad de no poder aplicarla este año, prescindiendo de un recurso clave que en diciembre incluso se utilizó para pagar salarios, pese a tratarse de un fondo afectado específicamente al mantenimiento vial. Según datos oficiales, hasta el tercer trimestre la Tasa Vial había reportado ingresos por $5.956 millones, el 2,45% del total de la recaudación municipal.

La primera firma fuerte de Amato: adjudicar una obra pública

El perfil de una gestión libertaria al frente de una empresa pública como Obras Sanitarias se instaló en el debate político marplatense cuando, desde hace algunos meses, comenzaron las especulaciones que finalmente se concretaron en diciembre con el nombramiento de Tomás Amato como presidente de la empresa municipal.

Más allá de los preceptos teóricos que sostienen que, para La Libertad Avanza, no deberían existir las empresas del Estado, en Mar del Plata se impuso el pragmatismo. Así lo confirmó Amato con su primera decisión de peso: esta semana firmó la adjudicación de una obra pública para extender la red de agua potable en el barrio El Alfar, una inversión de 504 millones de pesos que beneficiará a unos dos mil vecinos.

Quienes dialogan con el ingeniero Amato remarcan que el funcionario valora especialmente la relevancia estratégica de la empresa y la calidad del servicio que presta, reconocido a nivel nacional. En ese marco, descarta de plano la posibilidad de avanzar hacia una privatización y apunta a mejorar la eficiencia de la firma, en un contexto marcado además por el saneamiento de las cuentas tras la incorporación de una nueva fórmula de actualización automática de tarifas, aplicada a comienzos de 2024.

En ese sentido, Amato se muestra confiado en que, en la instancia de Cámara, pueda revertirse el fallo del fuero Contencioso Administrativo que obligó a retrotraer el aumento implementado en enero de ese año, por incumplimientos en determinados procedimientos. Los abogados de la empresa ya trabajan en la redacción de la apelación, que será presentada luego de la feria judicial.

En el marco del acuerdo entre el diputado nacional Alejandro Carrancio y el intendente con uso de licencia Guillermo Montenegro, el ala libertaria quedó a cargo de dos áreas centrales en términos de gestión y administración de recursos. Además de Obras Sanitarias, en el Emturyc fue designado Diego Juárez, donde se abre ahora otro interrogante: si también allí primará el pragmatismo o el dogmatismo, especialmente en lo referido al futuro de la pauta oficial, que es administrada principalmente desde el área de Turismo.