El mensaje del vocero, la sorpresa de los 16 informes, ¿paro encubierto? y el dardo del radicalismo

La reedición de una polémica que se creía superada

La ya clásica conferencia de prensa generalmente diaria del vocero presidencial Manuel Adorni tiene una estructura clara: en primer lugar, una introducción del propio portavoz donde realiza anuncios y sienta las posturas del gobierno nacional ante temas de la coyuntura, y una segunda instancia, de agenda libre, donde responde las consultas de los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Por ello en Mar del Plata llamó especialmente la atención cuando el jueves, tras una reunión de gabinete y como primer punto de la conferencia, Adorni cuestionó en duros términos las tasas a la compra de combustibles que intendentes de todos los colores políticos vienen implementando este año. Habló de “abuso”, de “gente cautiva” y de un cobro “compulsivo”, además de aclarar que se estaban evaluando las herramientas a mano para frenarlas.

En medio de la buena relación entre Montenegro y el gobierno nacional, la postura cayó como una bomba, donde las esquirlas alcanzaron al jefe comunal. Su hombre de máxima confianza, el senador provincial Alejandro Rabinovich, salió a aclarar públicamente la particularidad del caso marplatense, haciendo foco en que lo recaudado es destinado a un fondo afectado al mantenimiento vial y que se trata de un cobro que ya existía, aunque incorporado como componente de la Tasa de Servicios Urbanos.

Tras evidenciar en las últimas semanas posiciones cercanas a Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, los concejales libertarios no dejaron pasar la oportunidad para recordar su voto en contra cuando la Tasa Vial se creó en enero, donde fueron el sector político más confrontativo, apuntando contra su inconstitucionalidad. “No es con más impuestos, es gestionando de forma eficiente los recursos”, se descargó la jefe de bloque, Cecilia Martínez, impulsada por el aval recibido desde Casa Rosada. “ES UNA NUEVA TASA COMPULSIVA que atenta contra el marplatense”, añadió su compañero de bloque, Emiliano Recalt, con las incisivas mayúsculas.

Más allá del contrapunto, las relaciones entre libertarios y el Pro siguen dando señales de avances. De hecho, el viernes el concejal del Pro, Julián Bussetti, y Recalt compartieron espacio en el encuentro liberal organizado por LibertyCon en un hotel de la ciudad. Vueltas del destino: otro de los exponentes fue el legislador Guillermo Castello, quien demandó judicialmente a la Municipalidad por la Tasa Vial.

En tanto, desde Unión por la Patria no perdieron la oportunidad para echarle picante al debate. “Cuando sos más Mileista que Milei pasan estas cosas. Llamado de atención y teléfono para el Ejecutivo local y el interbloque oficialista”, planteó el concejal Diego García. Observadores no pasaron por alto cierto freno a las críticas a la Tasa Vial en el último tiempo de parte del principal bloque opositor, considerando que varios de los intendentes que desde enero se sumaron a su implementación son de su propio espacio político, incluido el epicentro político de La Cámpora, en Quilmes.

Los informes sin fin y la marcha de los municipales

“Perón decía que para que algo no funcione nada mejor que armar una comisión. Habría que sumarle que para demorar un expediente, nada mejor que los pedidos de informes”. La referencia asociada al tres veces presidente -que en realidad la hizo conocida Napoleón, quien la tomó prestada de Juana de Arco- la lanzó concejal opositor después que el jueves el oficialismo sorprendiera en el debut del tratamiento del proyecto para declarar la esencialidad del empleo público municipal, prohibiendo así los paros y otras medidas que afecten la actividad.

En una decisión sin antecedentes, la Comisión de Ambiente resolvió pedir informes a las 8 secretarías y 4 entes descentralizados -por iniciativa del interbloque oficialista-  a lo que se sumaron otros cuatro a la Secretaría de Trabajo de Nación, Ministerio de Trabajo de Provincia, Legal y Técnica de Provincia y al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). Extraña decisión, apuntaron desde la oposición, la de consultar a los funcionarios de Montenegro sobre el proyecto del propio Ejecutivo.

Luego de haber girado el expediente a cuatro comisiones y con los 16 pedidos de informes, la primera lectura que se hizo es la aparente decisión del gobierno de no avanzar, al menos por el momento, con la aprobación. Observadores cotejan la rapidez con la que se aprobó la reforma de la Defensoría del Pueblo -menos de una semana desde la presentación del proyecto hasta su aprobación- con este caso, considerando que el oficialismo tiene mayoría en todas las instancias.

En el sindicato tienen un lectura aún más profunda sobre las intenciones del intendente. “Esto va en la línea de ganar tiempos, de dilatar, de avances que sabemos que la Justicia va a revertir, porque son absolutamente legítimos e inconstitucionales, porque una ordenanza no puede estar por encima de la Constitución. Esto busca generar la estigmatización del empleado público, que no se hable de la mala gestión, de las falencias en la calidad de los servicios y del estado de las dependencias”, afirman, confiados, tras la demanda que presentaron en los últimos días, en que la Justicia de una primera señal suspendiendo los decretos de Montenegro a través de los cuales les descontaron los días de paro y el cambio del régimen de presentismo.

En tanto, la oposición no perdió oportunidad de gozar vía redes ante la señal contrariada del gobierno. “No salgo de mi asombro, creí que ya tenían todo resuelto muchachos”, los chicaneó Diego García. Más analítica estuvo Eva Ayala, de Acción Marplatense: “el proyecto para declarar la esencialidad es un plan de lucha del Intendente Montenegro contra los municipales, donde las necesidades de los marplatenses no tienen lugar”.

Un nuevo conflicto podría suscitarse el próximo miércoles, cuando los municipales se movilicen a Luro e Yrigoyen para reclamar “diálogo” al intendente. El viernes el STM notificó formalmente al gobierno de la medida, desde donde entendieron a la iniciativa como un paro parcial encubierto: es que, a excepción de las guardias esenciales, entre las 8 y 11 horas los empleados no prestarán servicio. Si bien toda movilización implica una interrupción en la prestación de las tareas, en el Ejecutivo analizan por estas horas si descontar esas horas e incluso aplicar la pérdida del presentimos.

De las ausencias a las críticas sin filtro al pasado

En el debate en la Comisión de Ambiente sobre la Rendición de Cuentas 2023 de Osse, finalmente aprobada, se rememoraron las críticas de la oposición que ya se habían escuchado en la Comisión de Legislación, respecto de la decisión de discutir los balances del 2023 de manera epistolar, sin la presencia física de los funcionarios.

El diferencial estuvo en la respuesta aguerrida del titular de la UCR marplatense, el concejal Daniel Núñez. Además de acentuar la permanente predisposición del directorio encabezado por Carlos Katz y Cristina Coria -ambos radicales- a debatir con los concejales -quienes se desempeñan como accionistas de la empresa-, apuntó particularmente contra la figura del exintendente Gustavo Pulti y el bloque de Acción Marplatense, en puesta a la intervención de la concejala vecinalista Eva Ayala.

“Recordemos que Osse estuvo en el ojo de la tormenta durante la ola privatizadora de los 90 y un exintendente formaba parte de esa coalición privatizadora”, planteó, en clara referencia a los inicios de Pulti previo a fundar AM, cuando fue electo concejal en 1989 por el Frejupo, la alianza peronista que llevó a Menem a la presidencia, y su revalidación en el cargo en 1993, mediante la alianza entre el MID y la liberal Ucedé.

“Durante los 8 años de gobierno de Pulti jamás vino alguien a rendir cuentas por Osse. Hubiese sido bueno que varios funcionarios de Pulti den respuestas cuando dejaron un déficit de más de mil millones de pesos cuando se fueron en 2015”, añadió. “Osse no es particularmente quien no da respuestas”, deslizó, en una declaración que algunos la interpretaron como un mensaje hacia dentro del propio gobierno, contemplando que la empresa es un ámbito conducido por la UCR.

Como era de esperar, Ayala no se guardó su contra respuesta: “evidentemente debe preocupar todos los activos que le quedaron a Mar del Plata después de 8 años de gobierno de Pulti, con el Cema, los polideportivos, la Ferroautomotora, el Emisario Submarino y los 23 centros de salud. Y ustedes no pueden sostener uno que se viene abajo”.