El oficialismo va por la ordenanza para habilitar el bar en El Faro en medio de una fuerte polémica

El Concejo Deliberante llevará adelante este jueves desde las 15 una nueva Sesión Ordinaria con el foco puesto exclusivamente en el tratamiento del proyecto presentado por el intendente Guillermo Montenegro para, a través de un triangulación con una sociedad de fomento, autorizar el funcionamiento de un local gastronómico en un predio contiguo al Faro de la Memoria.

La iniciativa es fuertemente resistida por organismos de derechos humanos de la ciudad, quienes sostienen que esos terrenos fueron parte del dispositivo de tortura y represión montado durante la última dictadura en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim), por lo que se ofende la memoria y bandera de los derechos humanos. Concejales oficialistas descartan esta hipótesis, ya que aseguran que el predio afectado no integra el complejo del Faro de la Memoria.

El proyecto de ordenanza cuenta con dictamen de las comisiones de Obras y Legislación -solo con el voto positivo de los bloques Vamos Juntos (Pro), Unión Cívica Radical y Coalición Cívica-, en tanto que tiene un triple componente. En primer lugar, se autoriza el permiso de uso y ocupación con carácter precario a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, de una parte de la parcela de una hectárea y de dominio fiscal municipal ubicada en la zona de la rotonda de El Faro, en Avenida de los Trabajadores Nº 5700 y pegada al mar. El permiso tiene un plazo de cinco años, con opción de prórroga de un año y se habilita el uso de suelo para instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación.

En segundo lugar, se autoriza la firma de un convenio entre la sociedad de fomento y la Municipalidad, donde se estipula un canon anual de $3 millones, es decir, $250 mil mensuales que se irán actualizando por inflación. Finalmente, se habilita que la entidad civil ceda el uso del predio a un tercero, “siempre que dicha cesión no exceda el marco del permiso de uso y ocupación”. El tercero en cuestión es la empresa Burbarrel SA, más conocida por su producto estrella, el gin Restinga.

El último lunes el proyecto recibió la última aprobación en comisión, donde los organismos de derechos humanos expusieron una dura posición en contra de la iniciativa oficial. "Mar del Plata tiene 1.450 kilómetros cuadrados y justo ahí tienen que poner una gintonería. Es una afrenta porque no pueden emborracharse y bailar sobre nuestros muertos, sobre nuestra historia”, afirmó Alberto Pellegrini, que durante varios días fue un “desaparecido” justamente en ese sector del sur de la ciudad.

En paralelo, presentaron una acción preventiva de daño en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, que rápidamente fue admitida por el juez Simón Issach, quien además le dio al gobierno un plazo de cinco días para contestarla. Además de hacer énfasis en la cuestión de la memoria y los derechos humanos, los organismos apuntaron contra irregularidades administrativas.

Por un lado, porque según la legislación local una sociedad de fomento no está legitimada para llevar adelante este tipo de convenios con un trasfondo comercial, en tanto que también apuntaron contra la inexistencia de un Estudio de Impacto Ambiental actualizado y completo, como lo determina la Ley Provincial Ley 11.723.