“La memoria no se acomoda, se respeta”: duras críticas de organismos de DD.HH. durante la sesión por el 24 de marzo

En el marco de una nueva sesión especial del Concejo Deliberante conmemorativa del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los organismos de derechos humanos de Mar del Plata expusieron un discurso con durísimos cuestionamientos a concejales del oficialismo. En concreto, apuntaron contra la decisión de modificar la fecha de la sesión y, sobre todo, contra la sanción de una ordenanza que habilitó un proyecto comercial en terrenos de El Faro que formaron parte del centro clandestino de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim).

“Los organismos queremos expresar nuestro más enérgico rechazo al cambio inconsulto de la fecha de esta sesión, trasladada por primera vez”, comenzó la exposición conjunta de los referentes Alberto Pelegrini y Pablo Mancini, este último sobreviviente del centro clandestino de la ex Esim.

Por primera vez desde que se realizan sesiones especiales conmemorativas, las autoridades del Concejo decidieron no llevarla adelante el propio 24 de marzo, sino que fue aplazada para este jueves, en la antesala de la sesión ordinaria prevista por calendario. “El 24 de marzo es una fecha profundamente arraigada en la memoria colectiva de nuestro pueblo, construida a lo largo de décadas de luchas, consensos sociales, dolor y organización”, apuntaron los organismos.

La modificación de la fecha “implica desdibujar su sentido histórico, es un intento de relativizar la gravedad de los hechos que conmemoramos. La memoria no se acomoda, se respeta”, concluyeron al respecto.

“Si Alfonsín afrontara esta situación, otra sería la respuesta”

En su exposición, Pelegrini y Mancini destacaron el rol del Concejo Deliberante en el acompañamiento de la lucha por la memoria, verdad y justicia a lo largo de décadas. “Sin embargo, también existen excepciones. En los últimos años hemos asistido al avance de discursos negacionistas, de discursos de intolerancia y de un preocupante debilitamiento de los consensos democráticos en este cuerpo”, sostuvieron.

Más en detalle se refirieron a la polémica por la habilitación al funcionamiento de un bar en un predio contiguo al Faro de la Memoria, terrenos que, según los organismos, formaron parte del dispositivo de represión montado en la ciudad durante la última dictadura. En ese marco, señalaron que la aprobación de la ordenanza presentada por el intendente Guillermo Montenegro se hizo desoyendo los testimonios de los sobrevivientes.

“La banalización de esos espacios constituye una forma de violencia simbólica que no puede ser tolerada en una sociedad democrática. Los sitios de memoria son espacios de compromiso con el Nunca Más”, apuntaron.

Tras sostener que ante medida de ese tipo puede comprenderse en el voto favorable de concejales del Pro y La Libertad Avanza, la mirada apuntó contra los ediles radicales. “Si Alfonsín afrontara esta situación, otra sería la respuesta. Más que socios políticos, se convierten en cómplices”, señalaron.

La imposición de un nuevo modelo económico

En la exposición de los organismos de derechos humanos también se hizo foco en las razones del golpe de Estado, en relación con el objetivo de imponer un programa económico neoliberal. “Bastaron siete años de dictadura para desmantelar el Estado de bienestar construido a partir de la década de 1940, que había permitido alcanzar niveles de justicia social entre los más avanzados de América Latina”, remarcaron.

“La imposición de ese modelo económico se realizó a costa de 30 mil personas detenidas desaparecidas, decenas de miles de sobrevivientes y presos políticos, más de 500 bebés robados y exiliados”, sintetizaron.

A continuación, realizaron un repaso del proceso de construcción de memoria y lucha por justicia desde la recuperación democrática en 1983. Desde la celebración del “hito histórico” que significaron el informe de la Conadep y el Juicio a las Juntas impulsado durante el gobierno de Alfonsín, hasta las críticas a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, también con Alfonsín, sumado a los indultos a militares condenados firmados por Menem, pasando por los Juicios por la Verdad y, finalmente, la derogación de las leyes de impunidad y la reactivación de los juicios por delitos de lesa humanidad durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Finalmente, ya sobre la mirada que se busca imponer desde el gobierno de Javier Milei, advirtieron que “hoy el país atraviesa una situación de alerta democrática: hay avances de discursos negacionistas y de odio que buscan justificar el terrorismo de Estado”. En ese momento, el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, abandonó la sesión junto al resto de su bloque.