Tasas municipales: la decisión de Caputo generaría un fuerte impacto en un ingreso clave

La noticia se conoció en medio del partido de Argentina a través de un tuit del ministro de Economía Luis Caputo y se oficializó en los primeros minutos de este miércoles a través del Boletín Oficial. La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que prohíbe a los municipios incorporar tasas en las boletas de bienes y servicios generó un cimbronazo en cada uno de los gobiernos comunales, donde ya se analiza su alcance, como así también la legalidad de lo resuelto por Nación.

En General Pueyrredon el impacto es por demás significativo en una de las tasas que aporta uno de los principales ingresos no tributarios: la tasa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, más conocida por sigla, Girsu, cuyo dinero se destina a financiar el funcionamiento del predio de disposición final de residuos y el resto de las políticas ambientales de la ciudad.

Según el último informe contable de la Sindicatura de Osse, a julio se había emitido un importe de $2.733 millones en concepto de Girsu en lo que va de 2024. Considerando que la cobrabilidad de Osse está en 68,4%, representaría ingresos por $1.869 millones. Como para tener una comparación, en un semestre la Tasa Vial que se cobra por la carga de combustibles generó ingresos por $2,4 mil millones. En promedio, la Girsu representa un poco más del 10% de la factura del servicio sanitario.

En torno a la Girsu hay una controversia de años, ya que si bien se trata de un recurso administrado por el Emsur, se percibe a través de la factura de Osse. Esta fue una decisión tomada cuando fue creada en 2013 por el entonces intendente Gustavo Pulti para que tenga mayor cobrabilidad y fue sostenida luego tanto por Carlos Arroyo como por Guillermo Montenegro. En cada presentación de presupuesto, la empresa municipal insiste en su postura de sacar la Girsu de Osse, y más allá de un cierto acuerdo político generalizado, hasta el momento no se avanzó en una decisión que cambie dicho estatus. En caso que la resolución administrativa de Caputo sea inevitable, se deberán acelerar los tiempos y la Municipalidad encontrar un nuevo canal para la emisión de la Tasa Girsu.

La Girsu no es la única tasa que la Municipalidad cobra indirectamente a través de las facturas de servicios públicos. En el caso del gas, la factura de Camuzzi incorpora como concepto “Tasas Municipales Desagregadas”, aunque significa un monto relativamente chico. Por caso, en una factura de $18.470 tiene un cargo de $119,27, el 0,6%.

En el caso de la luz no se observan cargos, aunque la medida de Economía podría significar ponerle punto final a una opción que desde el gobierno vienen analizando desde comienzo de año: pasar el cobro del alumbrado público de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) a la boleta de Edea, donde actualmente no hay cargos por tributos locales.  

La posibilidad fue habilitada en el Presupuesto 2024, donde en la Ordenanza Complementaria se incorporó la adhesión a la Ley Provincial N°10.740, que faculta al Ejecutivo a firmar convenios con empresas eléctricas para el cobro de la Tasa por Alumbrado Público. Durante el año, desde la Secretaría Legal, Técnica y Hacienda se estudia la forma en la cual se podría implementar, aunque esta decisión de Caputo la pone en jaque.

“Los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios”, adelantó el martes a la tarde Caputo en un tuit, en una nueva cruzada para limitar los ingresos de las comunas, luego de diversas declaraciones donde también se cuestiona la Tasa Vial que vienen implementando distintos gobiernos, de diversos signos políticos.

A la medianoche finalmente se conoció la Resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercios, donde se especifica que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.

En la normativa, se advierte que el incumplimiento de lo dispuesto generará sanciones conforme el régimen de penalidades de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, a la vez que se estableció un plazo de adecuación de 30 días. Por estas horas, tanto en General Pueyrredon como en el resto de los municipios, se analiza al detalle las implicancias de la resolución.