Osse defendió el aumento tarifario y anunció que apelará el fallo que ordena retrotraer las tarifas

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) respondió públicamente al revés judicial que ordenó retrotraer las tarifas a diciembre de 2023 y acreditar las diferencias cobradas en los primeros meses de 2024. A través de un comunicado oficial, la compañía estatal ratificó su postura, adelantó que apelará la resolución y remarcó que no habrá devolución de dinero a los usuarios, ya que el fallo no lo dispone.

La Justicia había sostenido que, antes de aprobarse el incremento tarifario, se debía convocar a una audiencia pública. Sin embargo, Osse defendió su accionar y explicó los fundamentos técnicos y legales por los cuales asegura que estaba habilitada a utilizar otros mecanismos de participación ciudadana.

"La situación era crítica y el ajuste era indispensable"

Según expuso la empresa, hacia fines de 2023 el contexto económico había deteriorado gravemente su presupuesto: "la inflación había desfasado los costos operativos y la recomposición de la tarifa resultaba indispensable para garantizar la continuidad del servicio. El ajuste tarifario -explicó- era necesario para sostener la compra de insumos esenciales como cloro, combustible y energía", sostuvo.

La compañía también recordó que el decreto que autorizó el incremento fue luego convalidado por la Ordenanza Municipal Nº 20.384, aprobada por el Concejo Deliberante.

Tras lo expuesto, la empresa que dirige Carlos Katz enfatizó que la sentencia no está firme y será apelada; el fallo no ordena devolver dinero a los usuarios; y solo establece que los montos pagados por el aumento de enero y febrero de 2024 se acrediten en las próximas facturas.

Audiencias públicas: la discusión central del fallo

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Mar del Plata suspendió el aumento del 142,7% en las tarifas del agua aprobado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) para los bimestres de enero y febrero de 2024.

La decisión judicial a la que accedió 0223 da respuesta a la demanda colectiva presentada a fines de diciembre de 2023 por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), que había cuestionado el aumento tarifario por haberse autorizado sin audiencia pública previa, un requisito que, según la entidad y la jurisprudencia, debía cumplirse.

La demanda buscaba la nulidad del decreto, el cese del cobro de los aumentos hasta la realización de la audiencia pública y la restitución a los usuarios de lo ya pagado, además de una indemnización equivalente al 25% de los importes cobrados indebidamente.

“La audiencia pública es vista como una extensión del derecho constitucional a ser oído”, afirmó el magistrado al analizar el debate de fondo sobre la necesidad de este instituto para los aumentos tarifarios, conforme lo previsto en los artículos 18 y 42 de la Constitución Nacional.

“La audiencia pública se constituye como un espacio institucional para el contacto entre la autoridad responsable de la toma de decisiones y los ciudadanos. Este instrumento busca generar una mayor legitimidad social en las decisiones gubernamentales”, agregó.

Por ello, la sentencia ordena retrotraer las tarifas al nivel previo al 142,7% y que las sumas pagadas de más sean imputadas a futuras facturaciones. “Las sumas abonadas deberán ser imputadas a futuras facturaciones del servicio y en cuotas que serán fijadas en la etapa procesal oportuna”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que accedió 0223.