Asociación ilícita mixta: rechazaron que José Luis Segovia sea juzgado por un jurado popular

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 rechazó este martes el pedido de la defensa del ex jefe departamental José Luis Segovia de ser juzgado por un jurado popular, las adhesiones planteadas durante la audiencia previa, el planteo de inconstitucionalidad y mantuvo la competencia provincial de toda la causa.

La decisión de los Jueces Gustavo Fissore, Federio Cecchi y Roberto Falcone fue notificada a todas las partes que intervienen en la causa cuya elevación a juicio fue confirmada a mediados de octubre por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías.

Hace casi dos meses los Jueces Alfredo Deleonardis y Marcelo Madina dictaron una resolución de treinta páginas en la que también rechazaron el pedido de cese de detención del ex jefe departamental –único de los imputados que permanece alojado en el complejo penitenciario de Batán-, revocaron parcialmente el sobreseimiento por el delito de prevaricato tras el pedido del Ministerio Público Fiscal y sobreseyeron al ex policía Javier Rubén Collova.

Con esa decisión quedó establecido que junto a Segovia serán juzgados Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Cristian Gari, Lautaro Resúa, Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa y Jorge Toletti.

Ya en la resolución que en junio dictó el Juez de Garantías Daniel De Marco se había sobreseído a Iván Medigovich y Leonardo Di Biase en orden a los delitos de encubrimiento agravado por ser funcionario público, falsificación o adulteración ideológica de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal. La situación del resto de los imputados, más allá de sobreseimientos parciales, se resolverá en un juicio oral y público en Tribunal y fecha a definir.

En sintonía con el pedido de la Fiscalía General en la investigación realizada con miembros del CATI, se pudo establecer que trató de una organización delictiva estable y perdurable a lo largo del tiempo dirigida por Segovia y que integraba el policía Gastón Moraña, los ex oficiales Javier González y Héctor Sosa, el policía federal Nicolás Rivademar, el agente retirado Christian Holtkamp, el ex comisario exonerado de la fuerza Juan Pablo Velázquez, el abogado Lautaro Resúa, los ciudadanos Javier Toletti y Claudio Alaniz. También habló de un segundo grupo, con menor grado de importancia en el que estaba Javier Collova.

“Una red de acuerdos clandestinos entre uniformados, marginales y delincuentes”

Para los investigadores, el grupo logró desviar algunas investigaciones y hacer caer en errores a otros fiscales que investigaban los robos y a la propia Justicia de Garantías. También, a partir de la posición de Segovia como jefe de la DDI primero y luego de la Jefatura Departamental, se registraron distintos episodios constitutivos de abuso de autoridad.

Los últimos delitos detallados en la requisitoria son los relacionados con el control de la compra venta de dólares en la avenida Luro, la complicidad con cambistas y la extorsión a los “arbolitos” que debían pagar cuotas para operar. También se desarrolla el delito de prevaricato para el abogado Resúa –que obtuvo falta de mérito en el comienzo de la investigación- y la tenencia de arma de fuego en el allanamiento que se hizo en la casa de uno de los acusados de recaudar para Segovia.

La cuestión patrimonial del jefe

En el pedido de elevación, y tras aclarar que en los casos de corrupción y criminalidad organizada la prueba directa del pago de coimas o sumas indebidas resulta especialmente difícil de mostrar, señalaron que ya al momento de solicitarse la prisión preventiva de Segovia se advirtieron ciertas y llamativas inconsistencias en su patrimonio que aparecían incompatibles con sus ingresos como funcionario policial.

Para los investigadores se verificó un aumento patrimonial significativo, un nivel de vida incompatible con sus ingresos y ciertas operaciones económicas que, hasta la fecha, no pueden ser explicadas de forma lícita. “Y lo más relevante es que ese crecimiento coincidiría en tiempo y en funcionalidad con los hechos investigados en las presentes actuaciones, de los que se sigue un circuito de recaudación ilegal estructurado y sostenido bajo su mando con fuente en actividades también ilegales”, agregaron.

“El dinero pudo no haber sido filmado al momento del intercambio. Pero dejó huellas: en las cuentas, en los bienes, en los fajos de efectivo, en las cajas vacías. Y cuando los ingresos no explican los egresos, cuando la evidencia contable contradice el relato defensivo, cuando todo coincide en tiempo, forma y función, ya no se habla de sospecha, se habla de prueba”, concluyeron.