Confirman los procesamientos de dos personas acusadas de contrabando, juego online ilegal y lavado de dinero
Uno de ellos es un agente de Aduana, el otro, un empresario acusado de liderar la asociación ilícita. Entre la prueba reunida se constató el pago por más de medio millón de pesos en diciembre de 2021 por parte de un empleado del principal imputado al funcionario público.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que había dejado sin efecto la ampliación de los procesamientos por cohecho contra un funcionario de la Dirección General de Aduanas y un comerciante, investigados como parte de una organización criminal dedicada al contrabando de celulares de alta gama, la administración de juego online ilegal y el lavado de activos.
La decisión responde al recurso presentado por el fiscal general coordinador Daniel Adler, la fiscal del caso Laura Mazzaferri —de la Unidad Fiscal de Criminalidad Económica y Delitos Complejos— y sostenido ante Casación por el fiscal general Raúl Pleé. Para el Ministerio Público, la Cámara marplatense incurrió en defectos de motivación, una valoración irrazonable de la prueba y una interpretación incorrecta de la figura de cohecho a la luz de los compromisos internacionales de la Argentina en materia de corrupción.
El soborno bajo investigación
Según la causa, dirigida por el juez federal Santiago Inchausti, el comerciante investigado como jefe de la asociación ilícita pagó —y el funcionario recibió— un soborno de $594.000 (equivalentes entonces a USD 5.871), depositados en efectivo el 3 de diciembre de 2021 en una sucursal del BBVA Francés. Ese monto superaba ampliamente el salario del empleado aduanero y, según el juez, las explicaciones defensivas eran "inverosímiles".
La prueba clave es el ticket del depósito: apareció dentro de una carpeta repleta de documentación similar secuestrada en uno de los allanamientos realizados el 6 de mayo de 2024. Para los investigadores, la maniobra buscó evitar la trazabilidad del pago al utilizar a un empleado de una empresa controlada por el comerciante.
La posición del Ministerio Público Fiscal
Los fiscales argumentaron ante Casación que la Cámara de Mar del Plata emitió un fallo arbitrario, con fundamentación aparente y sin ponderar adecuadamente la prueba indiciaria, clave en delitos complejos y de corrupción, donde —subrayaron— “las maniobras suelen desplegarse bajo un manto de oscuridad”.
Entre los indicios relevantes, resaltaron: el recibo bancario del pago, la intervención del funcionario en operaciones aduaneras vinculadas al empresario, irregularidades posteriores en esas operaciones y el contexto general de una organización criminal con múltiples actividades ilegales. También cuestionaron que la Cámara naturalizara actos incompatibles con la probidad exigida a un servidor público.
Qué dijo Casación
El 2 de diciembre, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso fiscal, anularon la resolución de la Cámara marplatense y mantuvieron los procesamientos dictados por el juez de primera instancia.
Hornos afirmó que el fallo revocado no evaluó la prueba “en forma conjunta” ni aplicó la sana crítica. También coincidió con el voto disidente del camarista Eduardo Jiménez: dada la complejidad del caso, era prácticamente imposible sostener que el depósito respondiera a una simple operación comercial por tres celulares, como alegaban las defensas.
Borinsky señaló que la Cámara ignoró irregularidades en las verificaciones aduaneras realizadas por el funcionario imputado y emitió un fallo sin motivación adecuada.
Carbajo remarcó que el tribunal omitió considerar el valor conjunto de los indicios, esenciales para la hipótesis acusatoria.
El origen del caso
La causa comenzó en septiembre de 2023, tras una denuncia anónima a la Policía Federal titulada “Red de contrabando de iPhone”, donde se mencionaban domicilios, nombres y un esquema de delitos vinculados al contrabando, juegos online ilegales y lavado de activos.
La investigación detecta una asociación ilícita que, desde al menos 2020, habría operado para: comercializar celulares ingresados en infracción al Código Aduanero, administrar casinos online sin habilitación, captar personas vulnerables para crear cuentas digitales usadas en el circuito de lavado, y mover activos para reingresarlos al sistema económico formal mediante compras y transferencias.
En mayo de este año, el juez Inchausti dictó el primer procesamiento para nueve imputados y ordenó el decomiso anticipado de 28.589 USDT de una cuenta vinculada al principal acusado. La pesquisa continúa avanzando con nuevos procedimientos para identificar subgrupos dentro de la organización.
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