Avanza el desalojo en José Hernández: notifican a las familias para que se retiren antes de hacerlo por la fuerza

El Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata procedió en los últimos días a notificar a las ocupantes de los predios linderos a la Estación Transformadora de Mar del Plata en el barrio de José Hernández de la orden de desalojo dictada recientemente, un proceso donde se busca el retiro pacífico de las familias antes de hacerlo por la fuerza.

El diligenciamiento a cargo de un oficial de justicia contó con el respaldo de Gendarmería, si bien se desarrolló sin que se registren incidentes. Las notificaciones fueron entregadas a ocupantes de las decenas de viviendas que en los últimos tres años se construyeron en cuatro predios de gran dimensión, como así también a los responsables de otras instalaciones como una cancha de fútbol de alquiler, un lugar de acopio de elementos para la venta, en tanto que se pegaron los oficios en espacios comunes.

La notificación se realizó luego de la medida cautelar innovativa del juez Alfredo López que en febrero dispuso el efectivo lanzamiento de los ocupantes de las viviendas emplazadas en las franjas de seguridad de las Líneas de Alta Tensión ubicadas en cuatro terrenos linderos a la Estación Transformadora. Los ocupantes ahora cuentan con diez días hábiles a partir de la notificación para retirarse voluntariamente, caso contrario se avanzará con un desalojo por la fuerza.

La demanda fue iniciada en 2023 por Transba SA, la concesionaria de la Estación Transformadora de Carlos Gardel y San Salvador, por donde ingresan las líneas de alta tensión a la ciudad. Desde un año antes había comenzando una ocupación de dichos terrenos y actualmente sigue creciendo, con viviendas que se fueron edificando incluso bajo el tendido de alta tensión.

Ello se encuentra en abierto choque con las llamadas “franjas de seguridad” reguladas por la Ley 19.552, donde se prohíbe toda construcción en una zona de hasta 15 metros a cada lado del eje de las líneas de alta tensión. Se trata de una medida que busca preservar tanto la integridad de personas como de las instalaciones, para no poner en riesgo el servicio eléctrico.

Precisamente, por estos dos argumentos a fines de febrero el Juzgado Federal N°4 hizo lugar al desalojo solicitado por Transba SA, luego de casi dos años de infructuosos pedidos para que tanto Nación, Provincia y Municipio intervengan para dar una solución habitacional a las personas que ocupan los predios.

La situación expone particularmente al Instituto Provincial de la Vivienda, ya que además es propietario del principal inmueble donde se desarrolla la toma. Se trata de un predio comprado años atrás para desarrollar un proyecto habitacional, el cual justamente nunca avanzó por las restricciones normativas vinculadas a las zonas con líneas de alta tensión. Hasta la fecha, el juez López advirtió sobre posibles sanciones a funcionarios de dicha dependencia bonaerense, como también multas al organismo.

Tras conocerse la decisión judicial, la Defensoría Pública a cargo Manuel Baillieau apeló argumentando que "pese a los reiterados intentos, hasta el momento el Estado no ha brindado una solución a dicho conflicto, por lo que de conceder el recurso con efecto devolutivo, se consumaría un gravamen irreparable para los niños, niñas y adolescentes que represento”, indicó.

El juez López concedió el recurso con la respectiva elevación a Cámara, aunque lo hizo con efecto devolutivo y no suspensivo como pedía la Defensoría. Esto implica que mientras tanto el desalojo sigue en curso, al menos que haya una decisión de Cámara en contrario.