Reclamos desde Tandil por una gran ocupación de terrenos que lleva 34 meses sin resolución

Desde la municipalidad de Tandil ratificaron que no destinarán recursos a la urbanización que se creó en los últimos dos años en terrenos privados situados en la zona del barrio La Movediza, donde desde febrero de 2023 decenas de familias se instalaron ilegalmente en el marco de las problemáticas de hábitat que tienen lugar en diversos puntos de la Argentina. Pese a que meses después la justicia ordenó proceder con el desalojo, el mismo no se hizo efectivo y posteriormente el gobierno decidió incorporar el sector al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), lo que dilató la resolución del conflicto.

En las últimas horas desde el gobierno de Miguel Ángel Lunghi emitieron un comunicado en el que volvieron a reclamar respuestas a las autoridades provinciales y, particularmente, a las del gobierno de Javier Milei.

Desde la comuna recordaron que las autoridades locales participan de las instancias de diálogo convocadas por la justicia junto a la defensoría y organismos del gobierno de Kicillof pero aclararon que en ninguno de esos encuentros estuvieron presentes representantes del gobierno nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo usurpado.

En este marco, el jefe de gabinete del municipio de Tandil, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. En ellas, el municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que las autoridades asuman las responsabilidades que les asigna la ley 27.453.

Desde el Ejecutivo local reiteraron que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el municipio no destinará recursos públicos para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a la toma, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto. La intervención comunal continuará restringida a situaciones vinculadas a la salud y a la atención de grupos en riesgo, sin asumir obligaciones que competen a la órbita nacional y provincial.

A esta situación se suma la falta de respuesta del gobierno nacional a las notas enviadas previamente por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y el pedido formal de remoción del macizo del RENABAP.

En consecuencia, para la administración de Lunghi, los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables.

Breve recorrido histórico de la situación

La ocupación del macizo comenzó en febrero de 2023 sobre un predio privado cuyo propietario denunció la usurpación del inmueble. Durante los primeros meses, la justicia dispuso medidas de no innovar, solicitó un censo y ordenó el desalojo que finalmente no fue efectivizado.

En diciembre de 2023, la Secretaría de Integración Socio Urbana del gobierno nacional incorporó formalmente el predio al RENABAP. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones de Azul declaró inconstitucional esa incorporación y ordenó avanzar con el desalojo.

Sin embargo, el 19 de junio de 2024, el nuevo Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, emitió un acto administrativo que ratificó la inclusión del macizo en el RENABAP y solicitó levantar la medida de no innovar relativa a la provisión de servicios. Esta decisión reafirmó la postura del gobierno nacional respecto al predio.

A pesar de esa ratificación, el proceso de expropiación al día de hoy no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, lo que mantiene el conflicto sin una resolución definitiva.