Sindicato de Camioneros reclaman indemnizaciones y la empresa le traslada al Municipio un costo que podría llevarlo a la quiebra

Un conflicto en torno a la recolección de residuos en Mar del Plata se desató en los últimos días tras un reclamo del Sindicato de Camioneros. La concesión actual vence en 2026, por lo que la Municipalidad está elaborando un nuevo pliego que se encuentra en las etapas finales de análisis. Ante esto, el Sindicato manifestó su preocupación frente al vencimiento del contrato actual firmado en 2016 y advirtió sobre una posible pérdida de puestos de trabajo. En ese marco, exigieron a la empresa prestadora el pago de las indemnizaciones correspondientes a la totalidad del personal.

Según trascendió, la empresa respondió estimando el monto total de esas indemnizaciones y notificó al Municipio que deberá afrontar el pago, ya sea de forma inmediata o dentro del plazo de finalización del contrato en 2026. La cifra que pusieron sobre la mesa es de $30.000.000.000.

El dato generó un fuerte impacto dentro del gobierno local, al punto de considerarlo un disparate. Asumir ese gasto implicaría una crisis financiera de tal magnitud que, según fuentes del Ejecutivo, podría llevar al Municipio directamente a una situación de quiebra. No se trata solo de una suma elevada: se trata de un costo imposible de afrontar.

Según se pudo saber, la posición del Ejecutivo es clara: “no vamos a aceptar condicionamientos de ningún tipo. Para que tengan una idea, ese monto representa el financiamiento de la Patrulla Municipal por más de 20 años. Obviamente vamos a actualizar y mejorar el servicio para darle mejor respuesta al vecino, pero de ninguna manera pondremos en jaque las cuentas públicas. Cuidamos los recursos de los marplatenses”.

Mientras tanto, desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) ya están terminando el nuevo pliego técnico, actualizado de acuerdo a las necesidades reales del sistema de recolección y con criterios más exigentes que buscan mejorar el servicio que reciben los vecinos. Incluso contemplando nuevos sistemas de control para evitar reclamos vecinales e infracciones por incumplimiento.

En ese contexto, todo parece indicar que el Municipio está decidido a avanzar con un esquema que priorice el buen uso de los fondos públicos, mejorando al mismo tiempo el sistema actual que ya tiene casi 10 años.