En Tandil no los aguantan más: buscan tipificar como delitos penales los ruidos y las picadas de los motociclistas

En Tandil el gobierno municipal busca solucionar una problemática que empeora con el paso del tiempo y que ya registra varios episodios violentos, algunos de ellos trágicos, que merecieron la atención de las autoridades y un reclamo comunitario generalizado vinculado al accionar de diversos motociclistas. Durante los últimos meses, la administración comunal a cargo del intendente Lunghi recurrió a la justicia, a donde se presentó con pruebas con la intención de que se realicen allanamientos para detener y sancionar el accionar delictivo de numerosas personas.

Por tal motivo, en los últimos días, el Ejecutivo local fue más allá y elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prevenir, controlar y reducir la contaminación acústica abordando el impacto de ruidos y conductas temerarias en conductores de motos y favorecer la salubridad pública de los vecinos. En concreto, se busca tipificar estas acciones como delitos penales.

Intervención de los jueces de faltas para la realización de allanamientos

El objetivo de las autoridades comunales es sumar medidas de aplicación concreta a los efectos de lograr un control más efectivo sobre los ruidos nocivos, contaminación ambiental y riesgos a la integridad física de conductores, peatones, agentes de control y población en general.

Para eso se busca otorgar un adecuado marco normativo local que permita a los jueces de faltas municipales de dictar órdenes de allanamiento para disuadir y combatir esas acciones imprudentes, y proteger los intereses colectivos de los vecinos frente a las consecuencias nocivas del tránsito y las conductas antirreglamentarias.

“El objetivo de esta nueva norma es poder avanzar, más allá de la legislación existente, en el tratamiento de ruidos molestos, manejo temerario y picadas en la vía pública producida por motovehículos, y que está afectando a nuestra ciudad, como a otras localidades de la provincia y el país”, afirmó la secretaria de protección ciudadana, Alejandra Marcieri.

A su vez, la funcionaria explicó que “hoy por hoy esas conductas que ponen en peligro a las personas que las realizan y a terceros, se tratan de contravenciones y solo en algunos casos se las puede tipificar como delito penal. Creemos que esta es una situación que necesitamos acompañar con nueva legislación y cubrir o llenar ese gris. Es decir, poder trabajar para que deje de ser una contravención, algo penado por las leyes de tránsito provincial o nacional y pase una órbita penal. Esta ordenanza trabaja en este sentido con el objetivo de velar por la salubridad pública de los vecinos y con la competencia y atribución de los juzgados de falta poder acompañar procesos que tengan que ver con allanamiento, secuestro e incluso detención de aquellas personas que cometan este tipo de acciones en la vía pública y generen desorden público generalizado en nuestra ciudad”.

En esa línea, la máxima responsable de la Secretaría de Protección Ciudadana, agregó que “actualmente se hacen controles conjuntos de tránsito, con operativos a cargo de personal de la Dirección de Control Urbano Vehicular o de las fuerzas de seguridad, en los que sí o sí se necesita detener al vehículo, poder constatar la infracción, labrar un acta y secuestrarlo. Eso genera las peores dificultades, que vemos en muchos casos en los controles, con maniobras muy peligrosas para evadirlos o persecuciones que también pueden generar situaciones potencialmente peligrosas para los participantes o terceros. Por eso queremos trabajar en esto con esta ordenanza, porque si la persona para en el control, se verificará el cumplimiento de lo que exigen las normativas de tránsito. Pero en los casos en los que una persona no se detenga, podremos utilizar todas las herramientas tecnológicas que tengamos, con registros fílmicos, ya sea de particulares, de redes sociales, o de las cámaras de nuestro centro de monitoreo, y con ese material fílmico y un informe de la policía departamental o de alguna de las fuerzas de seguridad reconociendo a los actores que vienen llevando estas conductas, los juzgados de faltas podrán actuar y librar una orden de allanamiento o secuestro del bien con el cual se realizó esa conducta imprudente o antirreglamentaria, ya sea conducción temeraria, una picada o conducción mediante ruidos molestos con cortes, por citar algunas conductas de ese tipo”.

La postura de las autoridades policiales

Marcieri y el subsecretario del área Juan Ibáñez, expusieron el proyecto ante concejales que integran la comisión de derechos humanos, género, garantías y seguridad del Concejo Deliberante y autoridades policiales, con el objetivo de brindar detalles y responder dudas.

En la reunión, que se realizó en el nuevo edificio de protección ciudadana, participaron los concejales Nicolás Carrillo, Guillermina Cadona, Matías Tringler, Marta Brea, Andrea Pezzi, Maridé Condino y María Luján Fiego, el comisario inspector Roberto Landoni, jefe departamental de Tandil y el pficial principal Ignacio Caballero, secretario de la jefatura departamental de Tandil.

Luego del encuentro, sobre la propuesta Landoni señaló que “nos dotaría de otra herramienta fundamental para actuar sobre sobre estas nuevas prácticas que se viven hoy en día, llevar a cabo otro tipo de tarea más en lo inmediato, con otro tipo de intervención y con otro tipo de consecuencias para las personas que las realizan. Por eso creo que sería algo muy positivo”.

También el comisario indicó que “muchas veces todo lo que tiene que ver con faltas es la antesala de algunos delitos penales. Atacar desde este lugar la comisión de estas faltas podría minimizar o favorecer la prevención de otros delitos penales que suelen estar ligados”.

Un fallo con posible jurisprudencia

Durante el encuentro con los concejales y autoridades policiales, los funcionarios comunales no solo brindaron los detalles del proyecto y sus diferentes artículos, también enumeraron el marco jurídico que da sustento a la norma, las facultades de la justicia de faltas municipal y la jurisprudencia consultada, con la particularidad de que uno de esos casos se dio a través de un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que tiene jurisdicción en Tandil, en el que se confirmó la potestad de ordenar allanamientos por Juez de Faltas por razones de salubridad.