La IGJ descarta designar veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió no recomendar al gobierno de Javier Milei la designación de un veedor oficial para supervisar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Esta decisión fue comunicada por Daniel Vítolo, titular del organismo regulador, luego de las audiencias con los contadores de la AFA y de la Superliga.

Vítolo explicó que, tras analizar las declaraciones de los contadores y la documentación presentada, que desglosa los conceptos y partidas de los balances cuestionados de los ejercicios 2017 a 2024, se descartó en este momento la necesidad de designar veedores contables en la entidad. “La información se encuentra ahora bajo análisis de los técnicos del organismo”, agregó.

El funcionario indicó que, dependiendo del resultado del análisis, la IGJ podría exigir mayores precisiones o considerar cumplidos los requerimientos. Además, fuentes cercanas al organismo señalaron que la AFA tiene plazo hasta el martes 20 de enero para aclarar detalles sobre la existencia de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las inversiones de fondos sociales destinadas a ese proyecto.

Respecto al cambio de jurisdicción de la AFA de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, Vítolo relativizó el conflicto con Tapia y remarcó que no existe intención de retener a la entidad en la órbita de la IGJ contra su voluntad. “Si la AFA, como cualquier otra asociación civil en jurisdicción de la Capital desea cambiar su domicilio a una provincia sólo debe cumplir con lo que exige la ley para dicho traspaso”, aclaró, enfatizando que no habrá obstáculos si se cumplen los requisitos legales.

En relación a la polémica con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, el titular de la IGJ subrayó que no se ha imputado delito alguno a la entidad ni a sus directivos, sino que la institución se limitó a solicitar información relevante en el marco de sus funciones de control administrativo.

Este gesto de la IGJ llega en un contexto en el que el Gobierno ha intentado bajar la tensión con la dirigencia de la AFA. En diciembre, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a Tapia por presunta apropiación indebida de tributos, siendo esta la única causa en la que está imputado, mientras la Justicia avanza en la investigación sobre una red de empresas vinculadas a presuntos desvíos de fondos recaudados en el exterior.

En las audiencias realizadas, los contadores que certificaron los balances de la AFA entre 2017 y 2024 brindaron explicaciones a la IGJ. Claudia Carraro respondió por 2017; Umberto Mucelli por 2018 a 2021; y Claudio Bisurgi por 2022 a 2024. Desde el organismo se valoró el cambio de actitud y la colaboración de los auditores, quienes facilitaron información sobre los estados contables y los procedimientos de verificación aplicados.

La AFA había presentado sus balances en tiempo y forma, pero la IGJ formuló observaciones y solicitó aclaraciones sobre algunas partidas. Según el organismo, en su última presentación la entidad desglosó las partidas principales de los balances, lo que permitió avanzar en el análisis.

Por otro lado, Fernando Dubois, auditor de la Superliga de Fútbol Profesional, admitió ante la IGJ la falta de respuesta oportuna a las observaciones y pidió disculpas, comprometiéndose a presentar las aclaraciones antes del 20 de enero, fecha límite establecida por la IGJ.

La AFA, a través de un comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, negó irregularidades contables y apuntó contra el Gobierno, asegurando haber respondido a los requerimientos y que sólo existió una única vista formal a su balance de 2017. Sin embargo, Vítolo calificó de “ridículo” este argumento y explicó que las vistas no se notifican por cédula, sino que es el interesado quien debe seguir el trámite.

Sobre el cambio de jurisdicción, la AFA sostuvo que la asamblea que tomó la decisión fue fiscalizada por veedores de la IGJ y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires aprobó y notificó la medida. Sin embargo, Vítolo aclaró que los veedores sólo registran y elaboran informes, pero no aprueban decisiones, y que no existe constancia en la IGJ de la notificación formal mencionada por la entidad.