Licencias de Conducir: municipal intentó estafar a una mujer que fue a renovar su carnet y lo echaron

El gobierno de Agustín Neme cesanteó a un empleado municipal del área de Licencias de Conducir que intentó estafar a una mujer cuando fue a renovar su carnet, en el marco de una investigación que se inició luego que una persona informara personalmente la situación al entonces intendente Guillermo Montenegro.

Tras incorporar al sumario distintos elementos de prueba -como la declaración directa de la denunciante, testimonios coincidentes de agentes municipales y documentación respaldatoria-, el Ejecutivo dio por acreditado el intento de estafa ocurrido en marzo de 2024 en el Distrito El Gaucho. Lo llamativo del caso es que la investigación se abrió luego de que Montenegro recibiera un mensaje en su teléfono personal de una persona conocida que le comentó lo ocurrido.

Cuando la víctima se presentó en la oficina municipal, el empleado le indicó que tenía activa una multa de tránsito en la provincia de Misiones por 300 mil pesos, que debía abonar para poder completar el trámite. Hasta allí, se trataba de una situación habitual para muchas personas que desconocen la existencia de infracciones a su nombre y luego deben realizar el pago a través de un sistema unificado entre distintas jurisdicciones del país.

Sin embargo, el agente le ofreció una alternativa claramente irregular: pagarle 200 mil pesos para eliminar la multa. Para ello, le entregó en un papel el detalle de un CBU que luego se constató correspondía a una cuenta de su titularidad. La mujer se retiró sin pagar y con sospechas, por lo que consultó la multa por sus propios medios. Así advirtió la maniobra: si bien el monto total era de 300 mil pesos, aún contaba con el beneficio del pago voluntario, que permitía cancelarla por la mitad. Es decir, el empleado habría cobrado los 200 mil pesos, pagado la multa con parte de ese dinero y se habría quedado con un saldo de 50 mil.

La Junta de Disciplina concluyó que “la prueba colectada corrobora sin margen de duda la maniobra desplegada, fundada en el aprovechamiento de su posición administrativa para inducir a error a una particular con fines económicos personales”. El sumario había tenido inicialmente una recomendación de la Dirección de Sumarios, que propuso una sanción de suspensión por 30 días.

Con un criterio más severo, la Junta de Disciplina sostuvo que “la gravedad intrínseca de la falta, su carácter intencional y la naturaleza de las funciones desempeñadas evidencian una pérdida definitiva de la confianza pública en el agente, lo que torna incompatible su permanencia en la Administración Municipal y exige una sanción de mayor gravedad, en resguardo de la ética, la transparencia y el interés público”.

En ese sentido, afirmó que “la conducta descripta se encuentra subsumida en los artículos 103 inciso i), 104 inciso b), 107 incisos 3, 5, 6 y 10, y 109 de la Ley N.º 14.656”, al configurarse causales expresas de cesantía por inconducta notoria, incumplimiento deliberado de los deberes y quebrantamiento de las prohibiciones establecidas, con afectación material y moral a la Administración. Si bien no se descarta que hayan existido otros casos donde se haya consumado la estafa, lo cierto es que en la investigación solamente se abordó el caso denunciado.

El episodio del empleado estafador se produjo en un contexto en el que volvieron a proyectarse sombras sobre un área que arrastra antecedentes de irregularidades en los últimos años, tras la conocida causa de los carnets truchos que derivó en múltiples condenas. Desde el año pasado, la Fiscalía de Delitos Económicos lleva adelante una investigación por eventuales irregularidades en la tramitación de licencias de conducir a cambio de dinero, a partir de la denuncia presentada por una empleada municipal. Según lo expuesto en esa causa, se habrían fraguado firmas y sellos en exámenes teóricos y prácticos rendidos por aspirantes, con aparentes fines económicos. En paralelo, la Municipalidad impulsa su propio sumario administrativo.