Le negaron el arresto domiciliario a la dueña del geriátrico acusada de abandono de persona

En la misma línea que había resuelto el Juez de Garantías Daniel De Marco a mediados de agosto, los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías no hizo no hace lugar a la morigeración de la medida de coerción que pesa contra la dueña de un geriátrico que está detenida por el abandono de persona en perjuicio de dos mujeres de 75 y 89 años.

Mónica Graciela Rodríguez está acusada de maltratar, golpear y medicar ilegalmente a dos adultos mayores a su cargo, una situación que quedó al descubierto el 2 de enero de 2026 cuando se allanó el geriátrico donde se detectó que una mujer no podía valerse por sí misma y que estaba en una situación de abandono.

“Se encontraba en malas condiciones de salud e higiene personal –presentaba hormigas en la zona genital-, deshidratada, desnutrida, con escaras sacras grado II, alojada en un garaje en cama común, sin contar con colchón antiescaras, cama ortopédica, y sin cubrir las necesidades mínimas que su padecimiento requería, siendo la misma dependiente para todas las actividades de la vida cotidiana", sostuvo la resolución en la que se dictó oportunamente la prisión preventiva.

Tras el avance de la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo y el personal de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, Rodríguez fue detenida el 24 de junio pasado y permanece alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán a la espera de la realización de un juicio oral y público o un acuerdo entre las partes para resolver un juicio abreviado.

Los Jueces Gastón de Marco y Leandro Favaro destacaron el comportamiento asumido por la imputada durante el procedimiento -su negación a presentarse en el proceso, informando falsamente que se encontraba en Buenos Aires cuando lo hacía en el mismo domicilio en el que se habían cometido los hechos, insistiendo con la actividad clandestina pese a que ya se había clausurado el lugar.

También consideraron el trámite de otro proceso penal que se le sigue por el delito de defraudación por administración fraudulenta, en el cual se debió disponer su averiguación de paradero desde octubre de 2025 y los diferentes domicilios aportados en ambos procesos.

“Estos parámetros de peligrosidad procesal se mantienen y no pueden dejar de merituarse al analizar la morigeración solicitada que pretende efectivizarse en el domicilio de su hijo, que no luce razonable” concluyeron antes de confirmar la decisión de no hacer lugar a la morigeración de la medida de coerción.

Ya en su momento la defensa de Rodríguez, a cargo del abogado Simón García Méndez había manifestado su oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio y pidió, de manera subsidiaria, que se tenga presente la propuesta de imprimir el trámite de juicio abreviado. En la primera resolución, el Juzgado de Garantías N°1 hizo referencia a la voluntad de las partes para arribar a una solución alternativa por ante el órgano de juicio.