Comienza el año judicial: cuáles son las causas sensibles que enfrentará la Municipalidad

La justicia bonaerense dio por concluida la feria judicial de enero y de este modo se reactivará el avance de causas sensibles para el gobierno de Agustín Neme, con temas salientes como el futuro del complejo de Punta Mogotes y la Tasa Vial. En ese frente también aparece la apelación de un fallo que pone en riesgo las finanzas de Osse, además de las apps de transporte y playas, que emergen como otros focos de conflicto en el plano judicial.

Punta Mogotes no sale de las cuestiones de forma

Pasaron 15 meses desde la demanda que a fines de 2024 presentó la Municipalidad para recuperar la administración del complejo turístico de Punta Mogotes, en manos de la Provincia desde 1984. Sin embargo, el expediente judicial aún sigue estancado en el debate sobre la competencia: la Suprema Corte ratificó en diciembre que la causa debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo de Mar del Plata, pero la Provincia presentó un recurso extraordinario federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con argumentos que ya fueron desechados tanto en primera instancia como en Cámara y, finalmente, en el máximo tribunal bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof insiste en que la causa debe tramitarse bajo el derecho privado y no público, es decir, en el fuero Civil y Comercial y, punto sensible, en los tribunales de La Plata, donde tiene domicilio el Estado provincial.

Con el levantamiento de la feria judicial, se espera que ahora la Suprema Corte resuelva si concede el recurso y la decisión sobre la competencia pasa a la Corte Suprema, o si lo rechaza y finalmente comienza el análisis de fondo del reclamo de la Municipalidad, en una causa que tramitará en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1.

El objetivo de la Municipalidad es que la Justicia reconozca su legitimidad para cancelar la deuda -estimada en 14 mil millones de pesos por el gobierno local- que la Administración de Punta Mogotes (APM) mantiene con el Banco Provincia, para de ese modo comenzar el proceso de restitución del predio, tal como lo establece la ley sancionada en 1984, que creó un ente interjurisdiccional, con mayoría provincial, para la gestión del estratégico espacio al sur de Mar del Plata.

Osse prepara la apelación al fallo que suspendió un aumento de 2024

Un verdadero shock causó el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 que en diciembre ordenó retrotraer las tarifas de Osse a los valores de fines de 2023 y devolver las diferencias cobradas a partir del aumento del 142,7% aplicado a comienzos de 2024, al cual consideró ilegal.

La demanda fue presentada hace dos años por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el juez Simón Isaach le dio la razón al considerar que no se cumplió con la obligación de convocar, previo al aumento, a una audiencia pública. Por el momento hay poca claridad sobre los efectos prácticos del fallo, que en caso de abarcar la totalidad de los aumentos consecutivos aplicados por la empresa desde entonces la pondría en serio riesgo financiero.

Mientras tanto, los abogados de Osse preparan la apelación, cuyo plazo vencerá durante febrero. Desde lo más alto de la conducción política de la empresa, encabezada ahora por el libertario Tomás Amato, confían en conseguir un resultado favorable en la instancia de Cámara, logrando además que la apelación sea concedida con efecto suspensivo, es decir, que la orden de retrotraer tarifas no sea efectiva hasta que exista un fallo firme.

La Tasa Vial, bajo análisis de la Suprema Corte

El máximo tribunal de justicia de la Provincia también tendrá un rol relevante en la causa en la que el exdiputado libertario Guillermo Castello busca la declaración de inconstitucionalidad de la Tasa Vial creada por el gobierno de Montenegro. De prosperar, tendría un impacto más político que práctico, ya que en todo caso la sentencia solo eximiría de su pago al denunciante, dado que no se trata de un fallo de alcance colectivo.

En primera instancia, Castello obtuvo una sentencia favorable al considerarse que la tasa implica una doble imposición -ya que la compra de combustible ya está gravada por un impuesto nacional-, pero la Cámara de Apelaciones luego le dio la razón al Municipio al entender que se trata de un tributo de distinta naturaleza y que además constituye un fondo con afectación específica. En diciembre la apelación llegó a la Suprema Corte, que ahora deberá pronunciarse sobre un tema sensible de la agenda política local.

Las apps, entre otros temas judicializados

La polémica de los últimos años por el funcionamiento de las apps de transporte, pese a que una ordenanza las prohíbe, también tiene su capítulo judicial. En septiembre, la Federación Nacional de Conductores de Taxis logró una resolución del Tribunal de Trabajo N°4 que ordenó al Municipio realizar los debidos controles, aunque también rechazó una medida cautelar solicitada por la demandante para suspender el funcionamiento de las apps en General Pueyrredon. La medida fue apelada, con la correspondiente elevación a la Suprema Corte, que ahora deberá pronunciarse.

El fuero laboral, en este caso el Tribunal N°2, también tiene en sus manos otro expediente sensible. Se trata de la demanda de la Municipalidad contra el Ministerio de Trabajo bonaerense para lograr la anulación de la inscripción del Convenio Colectivo de Trabajo que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) firmó con el Municipio durante el gobierno de Carlos Arroyo. Si bien la radicación de la demanda se remonta a 2024, durante el conflicto por las paritarias, la causa siguió su curso y aún se encuentra en sus instancias iniciales.