Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: "Los mandaron al muere"
La fiscalía abrió el debate y afirmó que la pérdida del submarino y sus tripulantes "resultó consecuencia directa o al menos previsible de la violación del deber de cuidado” de los altos mandos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos inició el juicio oral contra los ex oficiales superiores de la Amada Argentina acusados de presunta responsabilidad en el hundimiento e implosión del submarino ARA San Juan donde murieron 44 tripulantes.
Los imputados por la tragedia que ocurrió en noviembre del 2017 son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66 años), el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57).
Los delitos adjudicados son el incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Según la imputación de la fiscalía leída al comienzo del debate, en sus roles dentro de la Armada Argentina, no garantizaron el correcto alistamiento y mantenimiento del submarino, lo que implicó que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados.
Textualmente, señalaron que cada uno de los cuatro imputados “posibilitó que se den las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido e indebidamente aumentar, de por sí el riesgo ínsito que conlleva la actividad militar y particularmente la especialidad de submarinista, derivándose que el resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una unidad submarina) resultó consecuencia directa o al menos previsible de la violación del deber de cuidado”.
Por su parte, la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias aseguró que "hubo 44 muertes evitables, los mandaron al muere, los mandaron a sabiendas que en julio había ocurrido un episodio similar”
En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, el fiscal Julio Zárate; el fiscal Gastón Franco Pruzan —ambos a cargo del Área de Transición de esa unidad fiscal— el fiscal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia, Lucas Colla; y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Andrea Garmendia Orueta.
A su vez, la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Malena Derdoy, colabora con la orientación y asistencia a los familiares de las víctimas.
El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini.
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