Se agrava el conflicto con Ioma: "Esto no debería pasar si el sistema funcionara como corresponde"
El concejal Marcelo Cardoso alertó por las demoras, las deudas y la falta de prestaciones de la obra social, con especial preocupación por el transporte de personas con discapacidad.
Por Redacción 0223
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En un contexto de crecientes y constantes reclamos al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) en General Pueyrredon, el concejal Marcelo Cardoso expresó su preocupación y advirtió que mientras la situación no se soluciona, se ven afectados de manera directa miles de afiliados de la ciudad y sus alrededores.
Cardoso remarcó que en la ciudad se multiplican las quejas de los vecinos por las dificultades para acceder a las prestaciones de la obra social, por las demoras en las autorizaciones y por la falta de certezas sobre la continuidad de los servicios. Según explicó, estos problemas no son aislados, sino que forman parte de una situación que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo.
Uno de los puntos más críticos, según indicó, es el transporte de las personas con discapacidad. El concejal advirtió que la falta de pagos, las deudas acumuladas y los retrasos administrativos ponen en riesgo la continuidad de una cobertura esencial. “Cuando esto se interrumpe, no hablamos solo de una actividad económica, sino del acceso a tratamientos médicos, terapias y educación”, expresó.
Cardoso también hizo foco en el impacto social del problema. Señaló que miles de trabajadores, de jubilados y de sus familias dependen de la obra social, y que las fallas del sistema terminan afectando especialmente a los sectores más vulnerables. “No puede ser que las familias tengan que llamar todos los días para saber si se autoriza un traslado o un tratamiento”, cuestionó.
En ese marco, defendió la necesidad de avanzar con un pedido de informes para conocer en detalle la situación del Instituto y exigir las respuestas necesarias. Sin embargo, aclaró que no alcanza con diagnósticos y reclamó medidas concretas, plazos de regularización y garantías que aseguren la continuidad de los servicios.
El concejal apuntó a la responsabilidad del Estado provincial y pidió con urgencia una reacción acorde al problema: “No hay margen para seguir dilatando respuestas cuando lo que está en juego son derechos esenciales”. Para cerrar, reiteró la necesidad de garantizar previsibilidad en el sistema y evitar que la crisis siga afectando a quienes dependen de las prestaciones.
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