Compraron tres edificios para la Justicia y ahora deberán invertir más de $6.000 millones para ponerlos en condiciones

La estrategia de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para resolver el histórico déficit edilicio del Departamento Judicial Mar del Plata tendrá un costo mucho mayor al previsto. Luego de adquirir en los últimos años tres inmuebles con el objetivo de trasladar dependencias judiciales, un informe interno alertó el marcado deterioro de las instalaciones, donde se prevé una inversión superior a los $6.000 millones para ponerlos en condiciones.

La medida quedó plasmada en el Decreto 700/2026 publicado este viernes por el gobernador Axel Kicillof, que autoriza al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a delegar en la Suprema Corte el estudio, ejecución y fiscalización de las obras necesarias en los inmuebles adquiridos por el Poder Judicial en la ciudad.

El decreto también hace referencia a la "situación crítica desde el punto de vista edilicio y contractual" de los inmuebles donde funcionan órganos judiciales y considera urgente avanzar con las obras, que exceden el límite económico que la Suprema Corte puede contratar directamente, motivo por el cual fue necesaria la autorización del Poder Ejecutivo.

En los anexos del decreto, se incorporaron informes de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte, que se tomaron como base para solicitar al Ejecutivo esa transferencia de facultades. En esos reportes, los funcionarios intervinientes sostienen que actualmente las propiedades presentan un "gran deterioro", por lo que resulta necesario intervenirlas con urgencia.

La situación resulta llamativa porque las adquisiciones fueron concretadas en los últimos años precisamente para solucionar los problemas de infraestructura que desde hace décadas afectan a la Justicia marplatense. En 2023, la Suprema Corte compró las históricas casonas conocidas como Villa Devoto y Quinta de Bary, ubicadas en la esquina de Alte. Brown y Lamadrid, con el objetivo de trasladar allí la Cámara de Apelaciones. Posteriormente también adquirió el ex Hotel Vignolo, sobre Entre Ríos al 2200, para concentrar tribunales laborales.

Sin embargo, el diagnóstico técnico incorporado al expediente describe un escenario muy distinto al esperado. En el caso de las casonas patrimoniales, el informe sostiene que las cubiertas presentan un importante deterioro como consecuencia de la falta de mantenimiento durante años y señala que las intervenciones realizadas hasta el momento apenas permitieron atender las emergencias más inmediatas, sin resolver los problemas estructurales.

El relevamiento advierte además que las lluvias intensas aceleran el deterioro de los techos, que el sistema de desagües pluviales ya no cumple adecuadamente su función y que las filtraciones afectan distintos sectores de ambos edificios. A eso se suma un dato preocupante: más del 60% de la superficie de las cubiertas se encuentra invadida por vegetación, lo que agrava el deterioro de la estructura.

Detectaron la presencia de un material cancerígeno

Otro de los aspectos que motivan la intervención es la presencia de cubiertas construidas con placas de asbesto-cemento, material prohibido desde hace años por sus riesgos para la salud, pero habitualmente usado en gran parte del Siglo XX por sus propiedades aislantes e ígnufugas.

El asbesto es una mineral cuyas fibras microscópicas son altamente cancerígenas, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que no existe una cantidad segura de exposición y que, además, se encuentra prohibido en Argentina desde 2003.

Según el expediente, como conclusión un informe elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata recomendó reemplazar completamente la cubierta de ambas instalaciones.

La mayor inversión estará destinada al ex hotel, en Entre Ríos 2262, donde se prevé una obra integral para adecuar el edificio al funcionamiento de dependencias judiciales. El presupuesto oficial asciende a aproximadamente $3.850 millones, con un plazo de ejecución de 360 días. A esa cifra se suman los trabajos previstos en las casonas patrimoniales, por $2.200 millones, en una obra de 180 días, por lo que la inversión total llegaría a los $6.050 millones.

Las obras forman parte del plan para reordenar la infraestructura judicial marplatense, aunque el expediente deja al descubierto que los inmuebles incorporados recientemente al patrimonio de la Suprema Corte requerirán una inversión multimillonaria antes de poder cumplir plenamente el objetivo para el que fueron adquiridos.