Confirman procesamientos por lavado de activos en la causa Jonestur
La Cámara Federal de Apelaciones ratificó los cargos contra cuatro directivos del grupo Jonestur por lavado de activos agravado y ordenó embargos millonarios en una investigación que involucra sociedades en Panamá y cuentas en Andorra.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó parcialmente los procesamientos por lavado de activos agravado contra cuatro directivos del grupo Jonestur. La causa fue impulsada por la fiscal federal Laura Mazzaferri con el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El tribunal concluyó que los imputados participaron en una estructura que captaba fondos de clientes, los gestionaba fuera de la actividad formal de la casa de cambio y los transfería al exterior mediante sociedades en Panamá y cuentas en la Banca Privada de Andorra. Se establecieron embargos por 10.000 millones de pesos para cada uno.
La operatoria investigada superaba la actividad cambiaria autorizada, incluyendo administración patrimonial, asesoramiento financiero y transferencias internacionales sin permiso estatal. Esta estructura paralela utilizaba al menos 30 sociedades en Panamá y, al 31 de enero de 2018, mantenía nueve cuentas activas con más de 92 millones de dólares en saldo.
La investigación sostiene que estas maniobras tenían como objetivo ocultar, administrar y reinsertar activos de origen presuntamente ilícito a través de una compleja red financiera internacional. Parte de esos fondos, según la causa, provendrían de hechos de corrupción en otra investigación y habrían sido canalizados hacia inversiones inmobiliarias en otro país.
La Cámara aclaró que no toda transferencia al exterior implica lavado de activos, pero en este caso encontró suficientes elementos para sostener que existió una estructura dedicada a esas maniobras ilegales.
El proceso se inició en 2014 tras una denuncia del Banco Central de la República Argentina ante PROCELAC, vinculada con posibles infracciones al Régimen Penal Cambiario por operaciones de “cuevas financieras” en Mar del Plata. Desde entonces, la fiscalía federal especializada y PROCELAC llevaron adelante una exhaustiva investigación que incluyó allanamientos, análisis de documentación y elementos tecnológicos.
El caso contó con la colaboración de diversas áreas del Ministerio Público Fiscal, incluyendo cooperación internacional, asistencia técnica e investigación financiera. Además, se superaron recursos legales que habían intentado cerrar la causa y anular imputaciones, con resoluciones favorables de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En cuanto a las medidas cautelares, el juzgado dispuso la inmovilización de activos por más de 80 millones de euros en la Banca Privada de Andorra, así como pedidos de asistencia legal internacional para asegurar la preservación de esos fondos.
La fiscal Mazzaferri, junto a PROCELAC y otras áreas del Ministerio Público, continúa gestionando la protección y recuperación de esos activos en el marco de redes internacionales de cooperación.
Respecto a la resolución, la Cámara confirmó los procesamientos por lavado agravado, pero declaró prescrita la imputación por intermediación financiera no autorizada y descartó la existencia de asociación ilícita entre los integrantes de Jonestur y otros grupos. También dictó falta de mérito o sobreseimiento para algunos investigados vinculados al grupo Transcambio.
El Ministerio Público Fiscal analiza ahora posibles recursos sobre los puntos no aceptados por la Cámara y las medidas cautelares relacionadas con activos relevantes para el eventual recupero.
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