Polémica por el proyecto para cobrar salud y educación a extranjeros: "Es una medida discriminatoria y sin impacto económico"

El gobierno de la provincia de Buenos Aires salió este lunes a cuestionar con dureza el proyecto presentado por legisladores de La Libertad Avanza para arancelar la atención en hospitales públicos y la educación superior provincial a extranjeros sin residencia permanente. Desde la administración de Axel Kicillof calificaron la iniciativa como "discriminatoria", sostuvieron que persigue un objetivo ideológico y aseguraron que tendría un impacto presupuestario prácticamente nulo.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a la iniciativa libertaria, que propone cobrar las prestaciones sanitarias en establecimientos provinciales y el acceso a las universidades provinciales a quienes no acrediten residencia permanente en el país.

"Es un poco penoso. Es una intención permanente de la derecha de arancelar la salud y la educación", afirmó Bianco, quien además consideró que el proyecto fue presentado "aprovechando la campaña antiargentina por el Mundial" y que se plantea como una represalia con el argumento de generar mayores ingresos para la Provincia.

El funcionario rechazó esa justificación y aseguró que el verdadero problema financiero bonaerense pasa por la falta de recursos nacionales. "El gobierno nacional le robó a la Provincia 26,7 billones de pesos. Ahí está el grueso de los recursos que le faltan a la Provincia. Es más de la mitad de un presupuesto anual", sostuvo.

Para respaldar su postura, Bianco repasó cifras sobre la participación de estudiantes extranjeros en el sistema universitario. Indicó que, de una matrícula nacional de 1.932.311 estudiantes, 82.797 son extranjeros, equivalente al 4,28%. En las universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires, los alumnos extranjeros representan el 3,89%, mientras que en las dos universidades provinciales —Ezeiza y del Sudoeste— hay 1.172 estudiantes extranjeros sobre un total de 61.666, es decir, el 1,9%. El proyecto libertario, sin embargo, no apunta a los extranjeros en general, sino a aquellos sin residencia en el país, lo cual es marginal por los propios requisitos que deben cumplir los estudiantes para poder inscribirse en las carreras.

"Se quiere cobrar un arancel a ese 1,9% de estudiantes que no tienen residencia permanente, que es una cantidad muy minúscula", señaló. Y agregó: "Si es por cuidar los recursos de los bonaerenses, es mucho más eficiente que el Gobierno nacional nos devuelva los 27 billones de pesos que nos robó que cobrarle un arancel a 500 o 600 personas con toda la furia. Además, nosotros estamos convencidos de que la educación universitaria y la salud son un derecho al que tienen acceso todos los que viven en Argentina".

En la misma conferencia, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también cuestionó el proyecto y sostuvo que busca instalar un falso debate sobre el financiamiento del sistema sanitario. "Que la salud sea un derecho quiere decir que el Estado debe garantizar su cumplimiento y para eso tiene distintas estrategias", afirmó.

"Para esconder las consecuencias del ajuste de este Gobierno intentan echarle la culpa a un chivo expiatorio que nada tiene que ver con el financiamiento de la salud", agregó el funcionario, quien remarcó que "los que trabajamos en salud sabemos que la prioridad es la vida de la gente, no el lugar donde nacieron".

Kreplak también exhibió estadísticas oficiales para relativizar el impacto de la atención a extranjeros sin residencia. Según detalló, los residentes extranjeros representan el 6% de la población bonaerense y la mitad cuenta con obra social o prepaga. En tanto, las personas no residentes explican apenas el 0,16% de las consultas en el sistema de salud provincial, porcentaje que descendió desde el 0,18% registrado en 2025.

Además, indicó que las consultas en guardias de extranjeros no residentes pasaron del 0,21% al 0,18% en el último año, las internaciones representan el 0,54% del total y la aplicación de vacunas apenas el 0,2%. "Es intrascendente", concluyó el ministro.