Allanaron una obra social por tres muertes ocurridas en Mar del Plata

Tres historias de pacientes en Mar del Plata, tres órdenes para garantizarles atención médica y una misma obra social en el centro de la investigación.

La Justicia ordenó un allanamiento en las oficinas de la obra social Unión Personal tras el fallecimiento de dos afiliados, y el agravamiento de la salud de un tercero, por el incumplimiento de órdenes judiciales que obligaban a la entidad a garantizar distintas prestaciones médicas. 

A partir de esos expedientes, la Fiscalía Federal de Mar del Plata ordenó medidas de prueba que terminaron con procedimientos en las oficinas de la aseguradora en la Ciudad de Buenos Aires, para reconstruir quiénes tomaron las decisiones y por qué las coberturas ordenadas por la Justicia no se habrían cumplido o se habrían demorado.

La causa está a cargo del fiscal Carlos Martínez, con la intervención de los auxiliares fiscales Agustín Roldán y María Victoria Piro.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y autorizada por el juez de Garantías Santiago Inchausti. Se dispuso una orden de presentación, con allanamiento en subsidio, destinada a obtener documentación y expedientes administrativos que permitan reconstruir cómo se tomaron las decisiones dentro de la entidad.

Tres amparos de salud que terminaron bajo una misma investigación

Los hechos habían sido inicialmente tramitados de manera independiente ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, con competencia en materia civil. Los tres expedientes tenían como punto en común a Unión Personal como responsable de brindar la asistencia médica y la existencia de órdenes judiciales que exigían determinadas prestaciones.

Según la investigación, esas órdenes no habrían sido cumplidas o no se habrían ejecutado en los plazos establecidos. Entre las prestaciones involucradas se encontraban dos intervenciones quirúrgicas y distintos tratamientos y coberturas médicas.

El 11 de noviembre de 2025, los tres casos fueron acumulados en un único legajo fiscal debido a la existencia de una conexión tanto entre las personas involucradas como entre las pruebas. La decisión permitió a la Fiscalía analizar conjuntamente los hechos y determinar si existió algún patrón común en la forma en que la obra social respondió frente a las órdenes judiciales.

Qué busca determinar la Fiscalía

Uno de los principales objetivos de la investigación es reconstruir el circuito interno de decisiones de Unión Personal.

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia del 3 de septiembre, la documentación incorporada hasta ese momento permitía conocer lo ocurrido en los expedientes judiciales: las órdenes de cobertura, las presentaciones realizadas, las respuestas de la obra social y las intimaciones efectuadas. Sin embargo, esa documentación no permitía determinar con precisión qué ocurrió puertas adentro de la entidad.

Por ese motivo, la Fiscalía pidió acceder a los expedientes administrativos y documentación vinculada con los tres afiliados, con el objetivo de establecer quiénes intervinieron en cada decisión, qué respuestas fueron adoptadas y cuáles fueron las razones por las que las prestaciones ordenadas judicialmente no se habrían concretado.

Una investigación que podría derivar en otras responsabilidades

La pesquisa se encuentra encuadrada inicialmente bajo la hipótesis de desobediencia a una orden judicial, delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.

No obstante, la Fiscalía busca determinar si los presuntos incumplimientos tuvieron alguna relación causal con el agravamiento del estado de salud de uno de los afiliados y con los fallecimientos registrados en los otros dos casos.

De comprobarse nuevas circunstancias a partir de la documentación secuestrada o presentada, podrían analizarse eventualmente otras figuras penales.

La investigación, por el momento, continúa en etapa de producción de prueba. La Fiscalía procura determinar las circunstancias concretas en las que se produjeron los presuntos incumplimientos, identificar a las personas que participaron en las decisiones y establecer si corresponde atribuir responsabilidades penales individuales.

La existencia de la investigación y de las medidas judiciales no implica, por sí misma, que se haya determinado responsabilidad penal de la obra social o de sus autoridades: esa cuestión deberá definirse a partir de la evidencia que se incorpore al expediente y de las decisiones que adopte la Justicia.