Fin de una ocupación: desalojan y demuelen construcciones en un punto clave de ruta 30

Desde la municipalidad de Tandil, en conjunto con la policía y en el marco de una causa judicial, concretaron el desalojo y la demolición de construcciones ilegales levantadas en un inmueble ubicado en el cruce de la ruta 30 y las vías del ferrocarril, a la altura del kilómetro 133. El terreno, perteneciente al Estado provincial y bajo jurisdicción de Vialidad, quedó completamente libre de ocupantes y edificaciones.

El operativo se realizó con la participación de personal de la comisaría cuarta de Tandil y de la dirección de servicios municipal, que llevó adelante las tareas necesarias para retirar las construcciones existentes y devolver el sector a las condiciones establecidas por la normativa provincial.

Una construcción en una zona que debe mantenerse libre

El inmueble se encuentra en una zona considerada cono de visibilidad, en la que las normas de seguridad vial establecen que debe mantenerse el terreno libre de obstáculos para garantizar una adecuada visual en cruces, curvas y accesos. En estos sectores no se permiten construcciones de carácter permanente, plantaciones de gran altura ni cartelería que pueda interferir con la visibilidad de quienes circulan.

La intervención se concretó como culminación del trámite de la causa penal IPP N° 01-01-002535-25/00, caratulada “C., E. R. y Otros s/Usurpación de inmueble Tandil”, que tramitó ante el Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil y la Fiscalía N° 8, a cargo de Gustavo Andrés Morey.

Desocupación pacífica y acuerdo judicial

En el marco de esa causa, un grupo de personas se había instalado durante los años previos en el inmueble. En marzo, el Juzgado de Garantías N° 1 había dispuesto el desalojo de las personas denunciadas y de cualquier otro ocupante, estableciendo inicialmente un plazo de 15 días hábiles.

Con el objetivo de procurar una desocupación pacífica, la Defensoría Oficial y el representante de la Dirección Provincial de Vialidad acordaron, con la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, establecer un plazo de 180 días para concretar el desalojo.

El acuerdo fue acompañado por el titular de la UFI, quien solicitó además una medida de no innovar para evitar la continuidad de las obras y modificaciones sobre el inmueble. El objetivo de esa medida fue preservar el estado del terreno, evitar nuevos conflictos y garantizar la integridad de los bienes pertenecientes al Estado provincial.

El 14 de abril, el Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil dispuso la medida cautelar de no innovar por un plazo de 180 días, ordenando expresamente el cese de todo acto de construcción, modificación o alteración del lote y estableciendo que, al vencimiento de ese período, el inmueble debía encontrarse desocupado.

Durante ese plazo, las autoridades y el personal de la comisaría cuarta realizaron un seguimiento de la situación, con la colaboración de vecinos de la zona que mantuvieron una comunicación permanente para advertir sobre cualquier situación que pudiera obstaculizar el cumplimiento de lo dispuesto judicialmente.

Una vez cumplido el plazo establecido, el inmueble quedó desocupado y sin ocupantes, por lo que se avanzó posteriormente con el retiro de las construcciones existentes y la recuperación del terreno, en cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa provincial para ese sector.