Casas container: advierten por riesgos sanitarios y contradicciones en la ordenanza aprobada

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires solicitó al intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, que no promulgue la ordenanza que habilita y regula el uso de contenedores marítimos reutilizados para viviendas, comercios y otros usos.

La presentación fue realizada por Diego Domingorena quien planteó que la norma debe ser revisada con participación de los colegios profesionales, universidades y otros organismos técnicos vinculados a la construcción y al hábitat.

Domingorena aclaró en diálogo con Extra (102.1) que el objetivo no es eliminar la posibilidad de utilizar contenedores como espacios habitables, sino generar una regulación adecuada. En ese sentido, explicó que “no pedimos que se vete la ordenanza” para que desaparezca, sino que buscan que sea vetada para que regrese al Concejo Deliberante y pueda ser tratada nuevamente.

Según explicó, los colegios consideran necesaria una normativa específica porque se trata de un sistema constructivo que ya se utiliza y que podría ampliarse a nuevas modalidades. “Estamos convencidos de que hace falta una ordenanza que regule el uso de los contenedores marítimos para uso habitacional, no solamente para viviendas, sino también para comercio y para otros usos”, sostuvo.

Además, planteó que la regulación debería contemplar otros sistemas constructivos que actualmente tampoco cuentan con una normativa específica. “Habría que hacer una ordenanza más inclusiva”, señaló, al mencionar particularmente a las casas modulares.

La trazabilidad de los contenedores

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales es la falta de exigencias vinculadas con la trazabilidad y descontaminación de los contenedores marítimos antes de ser destinados a la construcción.

Domingorena advirtió que estos recipientes pueden haber sido utilizados durante su vida útil para transportar agroquímicos, sustancias tóxicas u otros productos, además de haber recibido tratamientos de fumigación para evitar el traslado de plagas entre países.

Por eso, consideró que antes de destinarlos al hábitat “habría que saber con qué están contaminados y descontaminarlos con alguna certificación”.

Para el titular del Colegio de Arquitectos, se trata del aspecto más delicado de la norma. “Que una persona viva en un habitáculo que está contaminado me parece que ya es como un extremo”, afirmó, al remarcar que la cuestión sanitaria debería ser prioritaria.

También cuestionan las dimensiones habilitadas

Otro de los planteos está relacionado con las dimensiones de los contenedores. La ordenanza contempla un ancho de aproximadamente 2,35 metros, correspondiente a la medida habitual de estos módulos, pero los profesionales sostienen que esa superficie se reduce considerablemente cuando se incorporan los tratamientos y materiales necesarios para convertirlos en espacios habitables.

“Esos contenedores tienen que ser tratados térmicamente y acústicamente y, cuando uno empieza a colocar los materiales, queda todavía más reducido ese ancho”, explicó Domingorena. Según ejemplificó, el espacio interior podría terminar teniendo entre 2,20 y 2,15 metros.

El problema, según los colegios, es que esa medida entra en conflicto con las disposiciones del Reglamento General de Construcciones. “Se contradice directamente con el Reglamento General de Construcciones”, sostuvo.

También cuestionaron que la norma establezca criterios generales para viviendas, comercios y “otros usos”, sin diferenciar las exigencias correspondientes a cada actividad. Según Domingorena, esa definición resulta demasiado amplia, ya que podría incluir desde una oficina hasta establecimientos de mayor complejidad.

Una norma que "no fue discutida con especialistas"

Otro de los argumentos centrales de la presentación es la falta de participación de los colegios profesionales y organismos técnicos durante el tratamiento de la ordenanza.

Domingorena aseguró que los colegios tomaron conocimiento de la normativa una vez que había sido aprobada y que no fueron convocados durante su elaboración. “No fue convocado a ninguno de los colegios profesionales que tenemos incumbencia en el tema, ni los técnicos, ni los ingenieros, ni nosotros”, afirmó. Tampoco, según relató, fueron convocadas áreas técnicas de universidades o academias.

A partir de la lectura del texto aprobado, los profesionales detectaron, según explicaron, distintas inconsistencias técnicas, normativas y jurídicas. Entre ellas mencionaron la superposición con el Reglamento General de Construcciones y una posible contradicción con el Código Civil en cuanto a la consideración de los contenedores como bienes inmuebles.

Piden una revisión integral

Los colegios solicitaron que el Ejecutivo ejerza la facultad de veto dentro del plazo de diez días hábiles y que la norma sea devuelta al Concejo Deliberante para un nuevo tratamiento, con participación de especialistas.

Como alternativa, plantearon un veto parcial de los artículos 2°, 3° y 8°, por considerar que concentran algunos de los aspectos más problemáticos del texto aprobado.

Domingorena explicó que el término “veto” generó inicialmente cierta confusión, pero aclaró que la intención es que la norma continúe siendo discutida. “No queremos que la norma desaparezca ni se archive, sino que queremos que vuelva al Concejo Deliberante”, remarcó.

Hasta el momento, los colegios no habían recibido una respuesta del Ejecutivo. La presentación fue ingresada en la Secretaría del Intendente y, según Domingorena, incluye un desarrollo técnico que fundamenta los cuestionamientos.

Desde el Colegio de Arquitectos también rechazaron la idea de que el pedido implique una oposición al sistema constructivo en sí mismo. Por el contrario, sostuvieron que una regulación adecuada permitiría ordenar una práctica que ya se está desarrollando.

“Somos los primeros interesados en que esto se viabilice”, afirmó Domingorena, quien incluso reconoció que el crecimiento de este tipo de construcciones también representa una pérdida de trabajo profesional para los arquitectos.

En ese sentido, advirtió sobre la existencia de una creciente informalidad, particularmente en sectores de la zona sur de Mar del Plata. “La comunidad queda expuesta a un sistema constructivo que no está saneado, que no está controlado, que no está regulado”, señaló.

Y agregó que actualmente una persona puede adquirir un contenedor y colocarlo directamente en un terreno mediante una grúa, sin que exista necesariamente el control profesional que los colegios consideran necesario.

¿Es realmente más barato construir con contenedores?

Durante la entrevista también se puso en discusión uno de los argumentos que suelen asociarse a este tipo de construcciones: su supuesto menor costo.

En ese punto, Domingorena fue contundente: “Con lo que hoy en día están vendiendo un contenedor terminado, vos te hacés una casa más grande y más confortable”.

Según explicó, si se compara el costo de un contenedor terminado con sistemas como steel frame o wood frame, estos últimos pueden resultar incluso más económicos, además de permitir mayores posibilidades en términos de dimensiones y confort.

Para los colegios profesionales, entonces, el debate no pasa por prohibir las viviendas construidas con contenedores, sino por establecer condiciones técnicas, sanitarias y normativas que permitan incorporarlas de manera segura al desarrollo urbano de Mar del Plata.

Mientras corre el plazo legal para que el Ejecutivo decida qué hacer con la ordenanza, los colegios esperan una respuesta de Neme y sostienen su pedido de que el texto vuelva al Concejo Deliberante para ser revisado con la participación de los actores técnicos que, según denuncian, no fueron convocados durante su elaboración.