Caso Baragiola: los detalles de la decisión de la Justicia

Vilma Baragiola, Antonio Costantino y un asesor fueron el 25 de marzo de 2014 a la sede del Sindicato de Camioneros. Allí se reunieron con la secretaria general del gremio, Eva Moyano, y otros dos dirigentes. Hablaron de todo: del expediente para desafectar del régimen de preservación patrimonial el chalet del gremio, de las campañas, de plata, de temas de la ciudad. Pasaron casi siete meses de aquel día hasta que este martes la Justicia resolvió que es imposible acreditar que en esa reunión se cometió un delito. 

¿Cómo llegó a la conclusión? ¿Qué pruebas se tomaron en cuenta? ¿El video fue ilegítimo? Todas las respuestas las suscribieron los fiscales David Bruna, Pablo Pizzo y Fernando Berlingieri en una resolución de 69 páginas a la que tuvo acceso 0223.

Cómo se llegó a esto

El 30 de abril de 2014 el presidente del Comité Radical, Daniel Núñez, se presentó en la Oficina de Denuncias con un ejemplar del diario La Capital. Dijo que quería presentar una denuncia para que se investiguen los dichos de Eva Moyano, quien había acusado a la UCR de haber pedido dinero para una votación favorable del expediente que trata la desafectación del inmueble de Falucho y Santa Fe.

En rigor, la resolución muestra que en esas declaraciones que recogió La Capital a partir de una nota que le realizaron a Moyano en un sitio de Internet, nunca dijo que Baragiola o los concejales de la UCR le habían pedido dinero para aprobar el expediente. Los fiscales señalan que esos dichos de la dirigente gremial pueden ser interpretados de “modos distintos” y Núñez hizo justamente eso: su interpretación.

Para llegar al archivo del caso, los fiscales entendieron que la reconstrucción de la reunión del 25 de marzo en el Sindicato de Camioneros fue “clave para desentrañar si la presidente del Concejo Deliberante o sus acompañantes solicitaron dinero o dádivas con el fin de aprobar la desafectación del inmueble”. Y en este punto fueron determinantes las declaraciones de los tres representantes del gremio: Moyano, Martín Sánchez y Pablo Ferreyra. Los tres, con expresiones distintas, confirmaron que ni Baragiola ni Costantino pidieron directamente dinero para que el expediente fuera aprobado.

Más allá de esos dichos, también se analizó el expediente en cuestión. ¿Fue abordado por el Concejo Deliberante por pedido de Baragiola o alguien del radicalismo? ¿Tras la reunión hubo algún “movimiento” que pudiera haber sido provocado por la influencia de la entonces titular del HCD? En ambos casos, la respuesta es no.

El expediente que trataba la desafectación del chalet estuvo “planchado” en el Ejecutivo desde 2008 hasta inicios de este año. Y según consta en la documentación de la Justicia, fue el secretario de Planeamiento José Luis Castorina el que decidió enviarlo al Concejo para que sea tratado. En su declaración testimonial, el funcionario aclaró que la decisión se tomó tras un llamado de “alguien del sindicato de Camioneros” que había solicitado que el expediente fuera tratado.

Las declaraciones de todos los concejales que tuvieron vínculo con el expediente fue lo que le permitió a los fiscales desentrañar la segunda inquietud. Los que estaban en contra después de la reunión siguieron estando en contra. Aquellos que planeaban acompañar la desafectación tampoco cambiaron de opinión. Y nadie mencionó haber recibido un llamado de Baragiola o alguien de su entorno para hablar del expediente.

¿Y el video?

La principal polémica estalló cuando 0223 difundió el video de la reunión entre Baragiola y Moyano. Allí se escuchan frases como “las campañas valen plata” y “lo que les vamos a pedir es que nos presenten gente”. También se habló de la estrategia para que el expediente salga aprobado y hasta la propia Vilma dio detalles de su método para que los proyectos más difíciles saliesen aprobados.

La resolución de la Fiscalía hizo especial hincapié a este material que aportaron desde el gremio. En primer término busca determinar si la grabación (no se habla de cámara oculta) viola o no principios constitucionales, teniendo en cuenta que fue obtenida sin consentimiento de Baragiola ni orden judicial. Sobre este punto la resolución es contundente: “Los registros audiovisuales superan el test de constitucionalidad vinculado al derecho a la intimidad”. Para los fiscales, la concejal de la UCR fue a esa reunión por voluntad propia y al tratarse de una figura pública el video hubiese podido ser una prueba válida. Sin embargo, fue descartado.

El motivo por el cual no se tomó en cuenta como prueba es que hubiese servido en caso de que la parte que lo grabó hubiese denunciado ser víctima de algún delito. Pero no es este el caso. “Los propios integrantes del Sindicato de Camioneros han refutado su rol de víctimas de un delito”, advirtieron los investigadores.

A pesar de no haberlo tomado como una prueba válida, los fiscales abordaron el tema de la legitimidad del material. En ningún momento hablan en la resolución de “video malintencionado” o algo similar, tal como repitieron una y otra vez desde el radicalismo. Incluso, afirman que los cortes no pueden achacarse a “manipulaciones indebidas”, dado que los peritos no pudieron precisar si la cámara se apagó por su cuenta, si alguien la cortó o por qué se entregaron seis archivos distintos a la Justicia y no uno con el video entero. No obstante, sí remarcaron que esa falta de continuidad impide que se asegure el “carácter fidedigno” del video y por ende “no posee eficacia probatoria”.