Arroyo tiene una idea: una policía con guardavidas, placeros y agentes de tránsito

A Carlos Arroyo se lo conoce, y muchos dicen que se lo vota, por su pasado en la Dirección de Tránsito. Al parecer, el concejal del piloto azul fue un funcionario “muy estricto y ordenador” en una Mar del Plata donde abundaban las bicis, había muy pocas motos y el país –y por ende la ciudad- no permitían que muchos cristianos pensaran en tener su autito y menos aún en ser presa de los inspectores viales. Pero más allá de eso, porque no hay tiempo ahora para dilucidar si su pasado vial está o no sobrevaluado, a Arroyo hay que reconocerle una cosa: su transparencia. El fundador de la Agrupación Atlántica dice lo que piensa, sin vericuetos. Uno ya sabe qué esperar de Arroyo. También qué no. No hay mucho espacio a la sorpresa.

Y el proyecto de Policía Local que acaba de ingresar al Concejo Deliberante –como contrapropuesta de la iniciativa oficial- no es más que una muestra fiel de lo esperable. El exdirigente provincial del Partido Popular de la Reconstrucción, liderado por el excarapintada Gustavo Obeid, presentó un texto con 14 artículos dictados por el comisario retirado Miguel Ángel Reynoso, su asesor en la materia.

Arroyo postula, desde una mirada policíaca de la seguridad, que para reducir el delito hay que incrementar el número de efectivos en la calle. Y como dice que faltan hombres de azul en Mar del Plata, se le ocurre convertir en “policías uniformados y armados” a los guardavidas, placeros, serenos y agentes de Tránsito. Sostiene que podrían “actuar con mucha posibilidad de éxito” y que los inspectores viales ayudarían incluso a la “recaudación por multas y ventas de tarjeta”.

La idea del concejal es crear una “Unidad de Policía de Prevención Local”, dirigida por un jefe que designe la Provincia. Los mil aspirantes deberían ser convalidados por el Ministerio de Seguridad y su instrucción la tradicional, más allá de que después hagan un curso de un año en la “Escuela Complementaria”, que sí dirigiría el Municipio, para conocer detalles de Mar del Plata y convertirse en “Policías de proximidad”.

Arroyo presenta este articulado porque cree que “la verdadera raíz del problema es la escasez de personal” y los “desastrosos resultados de la política garantista”. Actualmente en Mar del Plata, sin contar los que trabajan de civil y los que realizan tareas directivas, hay 700 hombres en el CPC, 800 en las comisarías, varias decenas de administrativos y 200 efectivos en tareas especiales. En menos de un año contaremos también a los 702 jóvenes que integrarán la nueva Policía Local. Hasta acá sumamos entonces 2220 uniformados, sin contar el próximo Operativo Sol.

Pero igual Arroyo tiene alguito de razón: uno de los problemas para la prevención del delito es el personal, pero no porque falte. Un informe del Centro de Análisis del Delito dejó en evidencia que los efectivos “están destinados a situaciones no vinculadas con episodios importantes de violencia”, porque “se dedican a procedimientos de averiguación de identidad” –en el uso del discrecional olfato policial-.

También advierte que la “distribución geográfica del patrullaje no responde a parámetros de racionalidad” y pone el acento sobre una “necesaria profesionalización de la prevención”. El texto del Caed habla además, en materia de prevención, de  lo “imprescindible de contar con un Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana Local, para –con una visión interdisciplinaria y multiagencial– diseñar y gestionar estrategias para la reducción de la conflictividad social y la prevención de la violencia y el delito, contextualizadas en el ámbito municipal”.

Claro que hay problemas con el personal. Pero es descabellado pensar que se arregla con guardavidas, placeros y agentes de tránsito con atribuciones policiales y capacidades de recaudación. Por el contrario, es peligroso y poco defendible.  

Para cerrar, un último dato: lo que peyorativamente Arroyo apunta como “política garantista”, no es más que lo necesario para vivir en un Estado de Derecho. Garantista es garantía y garantía es Constitución. Son los derechos de todos los ciudadanos.