Citan a declarar a profesional acusado de estafar a beneficiarios del Procrear

En el marco de la investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos 10 a raíz de una serie de denuncias que hicieron durante el verano beneficiarios del Procrear que habrían sido estafados por el maestro mayor de Obras Pablo Aquino y su mujer; en las últimas horas se los citó a prestar declaración.

Así lo resolvieron los fiscales Javier Pizzo y David Bruna, quienes llevan adelante la causa caratulada Pablo Tomas Aquino y Natalia Vaccaro s/ Estafas reiteradas.

Para los funcionarios judiciales, las constancias reunidas en expediente –son 1500 fojas, más de 60 declaraciones testimoniales, diversos allanamientos practicados y una importante cantidad de documentación recolectada y pericia en teléfonos celulares- son suficientes para acreditar 46 estafas cometidas entre junio y diciembre del año pasado.

Según determinó la justicia, para cometer las estafas, Pablo Augusto Aquino y Natalia Vaccaro se presentaban como presidente y vicepresidenta de “Modularq Empresa Constructora”, una firma que se publicitaba a través de Internet y que apuntaba a trabajar con beneficiarios del Procrear.

Para sostener la fachada de la empresa ficticia, Aquino y Vaccaro instalaban oficinas que mudaban con frecuencia y decían tener influencias para contratar cooperativas municipales con el fin de “abaratar costos de construcción en razón de su condición de empleado municipal”.

Con esa modalidad, Aquino y Vaccaro lograron que 46 clientes firmaran con la inexistente empresa contratos de construcción de viviendas unifamiliares, para lo cual abonaron a este último importantes sumas de dinero. En la mayoría de los casos, los perjudicados pagaron casi la totalidad de las sumas exigidas pero se les construyó muy poco o nada de lo estipulado.

Hasta el momento no se pudo acreditar la participación de terceros aunque aún restan realizar pericias informáticas en las computadoras secuestradas.

Aunque fueron eximidos de prisión por la Justicia de Garantías, los imputados tienen prohibido salir del país.