La condenaron por estafar a sus compañeros del SAME: ahora el Municipio le abrió un sumario y podría echarla

Era una compañera más entre quienes cada día salían a atender emergencias y urgencias en la ciudad. Pero detrás del uniforme y los recorridos habituales, una red de promesas de ganancias se volvió una cadena de denuncias y, finalmente, un proceso judicial con una condena. Ahora, ese mismo camino de cuestionamientos llegó al ámbito municipal: el Ejecutivo decidió iniciar un sumario administrativo luego de que la Justicia condenara a la empleada por estafas reiteradas, en hechos que salpicaron a varios de sus colegas.

María Soledad Curtti, de 39 años y con varios años de trabajo en el Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same), fue condenada por el Juzgado en lo Correccional N°4 a dos años y medio de prisión de ejecución condicional por una serie de estafas cometidas contra compañeros de trabajo. La pena se resolvió tras un acuerdo de juicio abreviado y la condicionalidad quedó sujeta al cumplimiento de diversas reglas de conducta durante ese plazo.

La investigación había partido de las denuncias de diez empleados del Same, a quienes Curtti convenció de entregar dinero para invertirlo en un fondo con supuestas ganancias del quince por ciento mensual. Las sumas involucradas, que incluyeron aportes en pesos y dólares, nunca produjeron beneficio alguno: quienes habían confiado en la oferta finalmente denunciaron la maniobra ante la Justicia. Se cree que llegó a recaudar unos nueve mil dólares y más de dos millones de pesos entre septiembre de 2020 y julio de 2021.

El sumario municipal -que ahora inicia su instrucción- fue dispuesto por la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, una vez que la condena quedó firme y fue comunicada a la administración. La apertura del procedimiento responde a la necesidad de evaluar si, en el marco de su función pública, la conducta atribuida también constituye una falta disciplinaria según las normas que rigen el empleo municipal, que prevén sanciones incluso cuando la Justicia penal ya se ha expedido.

En términos prácticos, la acción administrativa busca determinar si, más allá de lo ya resuelto en sede penal, hubo una vulneración de deberes vinculados al desempeño del cargo -y qué medida corresponde en consecuencia-, considerando que los hechos se produjeron en el marco de una relación laboral dentro del propio ámbito municipal.

“Tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa coinciden en que los funcionarios y empleados públicos deben observar una conducta ejemplar, tanto en su vida pública como privada, ya que se encuentra en juego el prestigio y el buen funcionamiento de la Administración Pública”, se señaló en la resolución que dispuso la apertura del sumario.