Fiscales sobre los detenidos por ataques neonazis: “Las pruebas son contundentes”

Este lunes, Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik del Ministerio Público Fiscal, concretaron la audiencia pública que habían solicitado tiempo atrás para exponer ante la Cámara Federal de Apelaciones sus argumentos en relación a las responsabilidades de ocho de los integrantes de una patota nazi que ocasionó serios daños y perjuicios a diferentes miembros de la sociedad en los últimos años.

Durante las cinco horas en las que duró el encuentro, el fiscal Adler dejó en claro que se está ante una causa en la que se registran “graves violaciones de los derechos humanos” y cuestionó que se hable de peleas “entre dos grupos antagónicos”. “Eso es inadmisible, como se ha querido hacer acá. Las ideas nazis o de apartheid territorial han sido condenadas no sólo internacional y nacionalmente, sino también vernáculamente cuando esta Cámara se expresó en la causa por un video de apología del nacional socialismo”, recordó.

En su alocución, Adler también desestimó que detrás de estos casos exista una discusión política: “Acá hay víctimas golpeadas, dejadas en el piso inconscientes, grupos que salen de noche de cacería como la SS en los años 40. Esto no se puede permitir, porque justamente estos grupos no tienen tolerancia hacia el otro”, expresó.

Posteriormente, el fiscal general les pidió a los jueces que entienden en la causa, Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro, “revisar con racionalidad el auto de procesamiento firmado por el juez Santiago Inchausti” y planteó la necesidad de sostener el procesamiento. “Las pruebas son contundentes”, dijo antes de cuestionar los dichos de las defensas: “¿Escuché que las manifestaciones de las víctimas no sirven? Esa ha sido justamente la estrategia de impunidad”, sostuvo.

Adler hizo hincapié además en el avance que significó unir todas las causas fragmentadas en la Justicia Provincial, las cuales evidenciaban “una visión mínima de este conflicto”. “Con la posibilidad de acumular los hechos y tener una visión de conjunto, afloró la verdad: la persecución de las minorías por parte de este grupo organizado, minorías que deben ser protegidas por el Estado”, añadió.

Por su lado, los defensores de los jóvenes imputados por una docena de hechos de amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones y de conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis, cuestionaron el fallo de primera instancia y pidieron la libertad de los seis acusados. En orden, expusieron las defensoras oficiales Natalia Castro -en defensa de Gonzalo Paniagua y Nicolás Caputo- y Paula Muniagurria -quien actuó por Alan Olea, Oleksandr Levchenko y Marcos Caputo- y le siguieron Agustín Robbio, defensor de Franco Martín Pozas, y Sebastián Barletta, en representación de Giordano Spagnolo.

Entre los argumentos, las defensoras plantearon la “inaplicabilidad” de la ley antidiscriminatoria y la “inconstitucionalidad” del artículo 213 bis que configura la asociación ilícita. Cuestionaron a su vez el procesamiento, al que calificaron como “confuso, selectivo y arbitrario”, adujeron que las imputaciones eran por “hecho globales” y circunscribieron los ataques producidos en Plaza España y los daños y amenazas perpetradas en el bar de uno de los denunciantes, a “enfrentamientos” entre bandas, motivados por supuestas agresiones previas al grupo imputado.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación, pidió mantener la denegatoria de excarcelaciones y argumentó al respecto que “existe riesgo procesal concreto y no abstracto”. “Es obligación del Estado no sólo investigar con seriedad a los autores materiales de los hechos, sino también a sus instigadores”, apuntó Adler y puso el foco en la existencia de testigos amenazados, en la persecución a la comunidad trans y también en los testigos con temor que se negaron a acudir al reconocimiento de los imputados.

Antes de concluir la audiencia, Adler planteó que “la mejor garantía para los imputados es la pronta resolución de esta Cámara, para que este proceso sea abordado en juicio oral y público”.