Pedido de jury a Galarreta: "Perseguir magistrados atenta contra la independencia judicial"

Desde hace una semana, en los pasillos de Tribunales circula un comunicado que elaboró la Defensa Pública y que ya cuenta con más de 70 adhesiones. "En respuesta del pedido de juicio político al juez de Ejecución, Juan Galarreta", se explica en el título de un texto con dos carillas de argumentos.  

Como el dato llegó a 0223 por mensaje de WhatsApp, este medio se comunicó con la "jefa" de los defensores, Cecilia Boeri, que confirmó la circulación del documento y que justificó su elaboración en "la preocupación que genera que los magistrados que resuelven en conformidad con la ley sean objeto de una persecusión que atenta contra la independencia judicial".

"Más allá de que salir a respaldar a Galarreta -advirtió Boeri-, el texto se arma porque nos preocupa que se pida un jury cuando no hay un incumplimiento de funciones ni una imputación por delito contra el juez. En todo caso lo que hay es una resolución fundada en la ley que podría haber sido recurrida por las vías pertinentes", sentenció la defensora.

Como se apunta en el texto, para que haya una real independencia judicial "ningún juez puede ser enjuiciado cuando ha tomado una decisión" conforme a lo que dicta la ley. "Porque persecusiones de esa naturaleza afectan al ánimo, libertad y tranquilidad de la que deben gozar todos los magistrados a la hora de adoptar las resoluciones que competen a su ministerio", se indica.

Pero además, como remarcó Boeri, "la ley prevé mecanismos para la revisión judicial por vía recursiva". "Y si ésta no ha sido debidamente articulada -se agrega en el texto- no puede reconducirse la disconformidad con lo resuelto mediante la solicitud de un jury de enjuiciamiento al magistrado. La eventual revocación de los fallos es un mecanismo normal del sistema judicial".

Pero como a Galarreta se lo responsabiliza por el accionar de un detenido al que él le concedió la libertad condicional y que en uso de beneficio quedó imputado por una violación en Playa Los Lobos, en el documento se advirtió que "en etapa de ejecución, las resoluciones en materia de libertad se adoptan tras la realización de una audiencia oral, pública y contradictoria y son pasibles de apelación por parte del ministerio público fiscal, de la defensa y/o imputado, encontrándose rodeado el procedimiento de las mayores garantías".

"Y es la ley y no el magistrado la que establece los recaudos necesarios para acceder" a ese beneficio. "Una vez obtenida la libertad condicional, la persona queda sometida al control del Patronato de Liberados, que por definición no será suficiente para neutralizar absolutamente toda posibilidad de reincidencia, más allá de los esfuerzos que se realicen para lograr la reinserción laboral de los penados y los demas recaudos que se agreguen para acompañar esta última etapa de la ejecución penal", se expone en el texto y rematan: "La dismución de los índices de reincidencia escapa al control de los jueces y constituye una cuestión de política criminal y seguridad ajena a la magistratura".

Sobre el final, se insiste con que "no puede ponerse en cabeza de los jueces la responsabilidad por las eventuales reincidencias". "Ni tampoco puede pretenderse que los jueces ponga penas cada vez más altas o que mantengan detenidas cautelarmente a todas las personas amparadas por la presunción de inocencia, mientras se tramitan los procesos judiciales que culminarán en su absolución o condena".

Para Boeri y todos los firmantes de ese documento, "las actitudes propiaciatorias del juicio político" motivadas en la disconformidad de las decisiones de los jueces "afectan a la independencia judicial y constituyen una afligente presión contra los magistrados , que perturba el normal funcionamiento de la justicia".