Categórico rechazo de la Dirección de la Mujer a la reincorporación de Pilotti

Un día después de darse a conocer el decreto del intendente Arroyo, en el que se restituye el empleo al joven agente del Emvial, Cristian Pilloti, condenado en diciembre pasado a 3 años y 9 meses de prisión por el delito de lesiones doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género contra su exnovia Victoria Montenegro, integrantes de la Dirección de la Mujer emitieron un duro comunicado sobre la polémica determinación del Ejecutivo local.

En uno de sus párrafos, el espacio resalta lo dispuesto por la Ley 14.656 en el Régimen Marco de Empleo Municipal sobre sentencias judiciales y cita los artículos 98º y 107º que refieren a las inhabilidades y causales de sanciones, que incluyen la cesantía, para quienes tengan condenas firmes por violencia de género.

Además, en clave de pregunta, desde la Dirección de la Mujer plantearon varios interrogantes para ejemplificar su amplio rechazo: “Nos preguntamos si puede lo legal arrasar con lo legítimo. ¿Dónde queda el compromiso ético del municipio después de sancionar por unanimidad una ordenanza tan progresista?”, expresan en relación a la normativa nº 22739, que declaró la emergencia en violencia por motivos de género y diversidad.

“Cuál es el límite de nuestro compromiso al reincorporar sin más trámite y sin ninguna sanción reparadora a un agente que no ha tenido obligación de asistencia a tratamiento o programa alguno”, exponen posteriormente. 

En esa línea, agregan: “Está ya suficientemente probado que las conductas violentas son aprendidas, no es imposible modificarlas, pero ello requiere de la voluntad de los actores y largos procesos de sensibilización y anclaje a programas específicos. Si esto no sucede, ¿dónde quedan los derechos de las víctimas?”, advierten.

De inmediato, citan otro interrogante: “¿Está el agente Pilotti asistiendo a algún dispositivo específico?” y de inmediato sentencian: “El cumplimiento de parte de la condena en una unidad penitenciaria no garantiza necesariamente reeducación en este sentido”.

Por último, ponen el foco directamente en el intendente: “¿Qué impide al municipio plantear el cumplimiento de esta exigencia que con alguna suerte de ambigüedad se presenta en el oficio? ¿La norma laboral es tan unilineal y rígida que obliga indubitablemente a la reincorporación del agente?, ¿qué impide de esa misma norma obligarlo a asistir además a alguno de los dispositivos municipales para hombres que ejercen violencia? No se trata sólo de un problema orgánico y por ello nada garantiza necesariamente un alta que resuelva la problemática”, concluyeron de modo tajante.