A horas de la interpelación,  Arroyo redobla la apuesta: vetó la bonificación docente

El intendente Carlos Arroyo decidió redoblar su apuesta en el conflicto con los docentes municipales y vetó la ordenanza mediante la cual el Concejo había estipulado la bonificación para los maestros del sistema educativo municipal.

En  principio, el jefe comunal había firmado un decreto para eliminar esa bonificación que perciben desde fines de los '80 todos los maestros del municipio, lo cual desató una fuerte polémica. 

Sin embargo, el Concejo Deliberante resolvió normar esa bonificación y sancionó una ordenanza para reconocer la diferencia salarial que percibían los docentes. Ahora, el intendente volvió a patear el tablero y vetó la norma aprobada por los ediles el 15 de noviembre último.

La decisión del jefe comunal se produce horas antes de que los secretarios de Hacienda Hernán Mourelle y de Educación Luis Distéfano sean interpelados este martes desde las 10 en el Concejo Deliberante.

Según los argumentos del decreto, que lleva la firma de Arroyo, Mourelle y Distéfano, el Ejecutivo remarcó que el Concejo Deliberante tiene la capacidad de legislar, pero advirtió que corresponde al Ejecutivo "reglamentar las ordenanzas para asegurar el cumplimiento de la norma". En ese contexto, insistió en que el sistema educativo municipal se rige por la normativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia y que debe ser financiado "equitativamente entre los niveles nacional y provincial".

"Esta ordenanza crea un incremento del gasto que colisiona con el cumplimiento de la responsabilidad fiscal por el cual la Municipalidad de General Pueyrredon, por ordenanza 23.534 adhirió al Régimen de Responsabilidad Fiscal instituido por la Ley Provincial 14984", señala el texto y profundiza que ya sea "por error, por norma o por interpretaciones varias liquidar horas no trabajadas como si lo fueran, implicaría un perjuicio al interés general".

A su vez, el Ejecutivo vuelve a citar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y sostiene que uno de los principios esenciales que se deben respetar en el ámbito laboral es es el denominado "igual remuneración por igual tarea". En ese contexto, señala que la ordenanza aprobada por el HCD "resulta violatoria de la garantía de igualdad establecida por la Constitución Nacional", pues "vulnera dicho principio en lo que hace a los salarios abonados al personal del grupo ocupacional docente en relación al resto de los trabajadores de la administración municipal, transformándose tal accionar en oportunista e ilegal".