Afirman que la bonificación docente se pagaría con bonos de un supermercado

A lo largo de su campaña que finalmente lo consagró como el intendente electo de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro aseguró en reiteradas oportunidades que era necesario que la Municipalidad le devuelva la bonificación docente a los trabajadores de la educación y, según dejaron trascender desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), la gestión entrante lo haría con bonos de un supermercado.

En el marco de la Comisión de Educación que tuvo lugar este martes en el recinto del Concejo Deliberante, la secretaria de Educación, Alejandra Ayek, deslizó la posibilidad de que el pago se concrete de manera retroactiva con bonos de un supermercado de origen francés radicado en Mar del Plata. "De alguna manera se va a pagar, aunque sea con bonos de Carrefour", indicó en declaraciones a vencedoresyvencidos.com.

En este sentido, la dirigente del STM sostuvo que "son expresiones" que le acercaron desde el equipo de Montenegro. "Creo que no evaluaron la cantidad de dinero que significa antes de comprometerse", reflexionó Ayek. A partir del 10 de diciembre, fecha en la que asuma la nueva gestión, Montenegro deberá tomar una medida al respecto. "El compromiso está. Rogamos que la Corte se expida lo antes posible, y sino, está el compromiso del intendente electo a abonar la bonificación", insistió la secretaria del STM.

En octubre de 2018 el intendente Carlos Arroyo dio marcha atrás con una histórica bonificación de cinco mil pesos que percibían los docentes desde 1989. Desde entonces, comenzó un sinfín de reclamos y protestas que tensaron fuertemente la relación entre el Ejecutivo y el gremio que representa a los docentes.

Acto seguido, el Concejo Deliberante resolvió crear una nueva ordenanza que ratificaba la legitimidad de la antigua forma de liquidación de sueldos de los trabajadores del sector educativo. Sin embargo, Arroyo vetó la normativa de los ediles unos días más tarde. Pero el cuerpo legislativo después hizo lo propio, rechazó el veto y votó nuevamente “por insistencia” su ordenanza. Este último revés fue lo que motivó al Ejecutivo a llevar la situación a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires al acusar un "conflicto de poderes" con el Concejo Deliberante.

Hasta el momento, no hubo mayores novedades y todavía se espera que el máximo tribunal bonaerense otorgue una resolución definitiva al conflicto. “Es una decisión política que voy a tomar si llegamos al Municipio: el código 59 es un derecho adquirido y como tal, debe volver al bolsillo de los docentes”, había planteado Montenegro en el último tramo de su campaña electoral.