A un año de la quita de la bonificación docente, el Ejecutivo arremetió contra el HCD

No fue un año particularmente fácil de transitar para los docentes del sistema educativo municipal de Mar del Plata. El decreto del intendente Carlos Arroyo que se conoció el 28 de octubre de 2018 y que dio marcha atrás a una histórica bonificación que percibían en sus sueldos desde 1989 fue el disparador de un sinfín de reclamos y protestas que tensaron fuertemente la relación entre el Ejecutivo y el gremio que representa a los docentes.

La medida que resolvió el jefe comunal para modificar el cálculo del monto del beneficio que está incorporado como artículo 82 de la Ordenanza Nº 20.760 sólo fue el comienzo de una novela que desde un principio prometía una larga continuidad de capítulos. Es que los docentes no fueron los únicos actores involucrados en el conflicto: también había un papel de relevancia para los concejales.

La fuerte polémica que encendió la decisión de Arroyo fue el disparador para que el Concejo Deliberante resolviera la aprobación de una nueva ordenanza que ratificaba la legitimidad de la antigua forma de liquidación de sueldos de los trabajadores del sector educativo y evitaba la pérdida de los cinco mil pesos extra que aproximadamente representa la cuestionada bonificación.

Sin embargo, las idas y vueltas apenas comenzaban: lejos de quedarse de brazos cruzados, el jefe comunal redobló la apuesta y se encargó de vetar la normativa de los ediles unos días más tarde. Pero el cuerpo legislativo después hizo lo propio, rechazó el veto y votó nuevamente “por insistencia” su ordenanza. Este último revés fue lo que motivó al Ejecutivo a llevar la situación a la Suprema Corte de Justicia bonaerense al acusar un "conflicto de poderes" con el Concejo Deliberante.

Durante estos meses, Hernán Mourelle, el otrora secretario de Hacienda, se convirtió en uno de los funcionarios que más confrontó con los maestros municipales. A principios de junio, cuando salía de un café, el exintegrante del gabinete arroyista tuvo que quedarse recluido dentro de un taxi ante las fuertes protestas en su contra en las que se exigía su inmediata renuncia. La postal fue, sin dudas, una de las imágenes más contundentes de la tensión que logró alcanzar el reclamo de los trabajadores.

A la fecha, no hay mayores novedades y todavía se espera por la resolución del máximo tribunal bonaerense para saber si habrá un fallo a favor de la administración de Arroyo que respalde su medida o, en caso contrario, que surja una sentencia que obligue a retrotraer la situación a foja cero, lo cual tampoco deja de encender preocupación en distintos sectores al tener en cuenta las acotadas posibilidades económicas que tendría el Municipio para acatar un dictamen de estas características.

Guillermo Montenegro, el flamante intendente electo, ya le prometió a los docentes municipales que les devolverá la bonificación cuando dé los primeros pasos en su próxima gestión. “Es una decisión política que voy a tomar si llegamos al Municipio: el código 59 es un derecho adquirido y como tal, debe volver al bolsillo de los docentes”, había planteado el diputado nacional en el último tramo de su campaña electoral.

Al cumplirse un año de la puesta en vigencia del decreto, el secretario de Educación, Luis Distéfano, compartió su mirada sobre la situación y advirtió sobre las importantes dificultades que habrá para dar "sostenibilidad" en el tiempo al pago de la bonificación, si es que finalmente el nuevo jefe comunal cumpla con su promesa. "Si no se ordena mucho la estructura municipal actual es muy difícil de sostener", señaló en una entrevista con 0223.

-¿Hoy cómo está el conflicto en la Justicia?

-En realidad todavía debe definirlo la Suprema Corte. No hay ninguna novedad más que las que se definieron en su momento del dictamen de Procuración de la Provincia pero seguimos a la espera de esta definición de máximo tribunal y está todo en stand by.

-Y al cumplirse un año de todo lo que pasó, ¿cuál es el balance que se traza de esta medida?

-Cuando uno tiene cargos de gestión tiene que tomar decisiones que trascienden lo que uno quisiera o lo que determinado sector espera porque hay que actuar en función de bien común. El dinero del fondo del financiamiento educativo debía ir para infraestructura y no para sueldos municipales. El municipio está en condiciones de abonar un sobresueldo con el fondo que debe ir en su totalidad a las escuelas de la ciudad. Por supuesto que estando como funcionario, este conflicto atravesó la gestión y como docente uno sabe que hay que gestionar en el conflicto y que a veces estas crisis generan oportunidades para mejorar otras cosas. Si bien fue muy difícil gestionar, destaco el absoluto compromiso de la mayoría de los docentes y directores por seguir apostando al sistema educativo municipal.

Nosotros seguimos con el proyecto de gestión que implicaba dar estabilidad a la mayor cantidad de docentes. Hasta el 9 de diciembre vamos a generar acciones que permitan entregar a la próxima administración, al menos de educación, la posibilidad de tener a la mayor cantidad de docentes con su estabilidad como titular, estando más capacitados, con mejor infraestructura; tomamos decisiones que hace mucho que no se tomaban. Seguimos apostando todos los días a dejar un mejor sistema educativo y considero que así va a ser.

-¿Creés que la postura que adoptó el sindicato de los municipales empantanó la posibilidad de diálogo, de llegar a un punto de consenso?

-El sindicato hizo lo que tenía que hacer más allá de que a uno le pueda gustar o no el escenario de conflicto. Ellos defendieron el interés de los trabajadores. Por supuesto que faltó dialogo y la búsqueda de otras alternativas, pero en lo personal creo que la mayor responsabilidad en empantanar todo esto la tiene la política, muchos concejales, por cómo funciono lo que estaba afuera generando una politización del tema que después se hizo muy difícil de revertir. También creo que hubo errores comunicacionales del Ejecutivo en un primer momento.

La verdad es que en muchos años como funcionario de carrera, uno tiene que convivir con los sindicatos, trabajar, generar consensos, y a veces estás de acuerdo y otras veces no, pero en este caso el sindicato hizo lo que tenía que hacer. Lo que complicó las cosas fue todo lo que se generó en el Concejo Deliberante, en las reuniones, en las redes.

En buena hora, en esta última etapa, nos pudimos sentar a dialogar con el sindicato dejando en un paraguas el tema de la bonificación. Mi objetivo, como le planteaba a Ayek (secretaria de Educación del gremio) la semana pasada en el concurso en el que participaron 600 docentes de jardines y primarias, es dejar el sistema educativo municipal con la mayor posibilidad de financiamiento de Nación y Provincia recuperando aquello que se perdió desde 2010, con la mayor cantidad de cargos subvencionados. Esto permitirá en todo caso a la gestión que me suceda, con financiamiento recuperado, rediscutir después este código o algún reconocimiento salarial.

De la manera que nosotros encontramos la situación del sistema municipal y del Municipio en general sería muy difícil poder sostenerlo como también le pasó al ex intendente Pulti cuando firmó el convenio tripartito. Hay que entender que el sistema educativo municipal se lleva una enorme porción del presupuesto y si no fuera por el financiamiento externo, no sería sostenible.

Mi obligación es dejar esto cubierto como para a futuro tal vez repensar un sistema de bonificaciones o premios a los docentes municipales mas allá de que considero totalmente justo que el Fondo de Financiamiento vaya a las escuelas en su totalidad. Mi convicción personal es que el rol del secretario de Educación no debe ser sólo para administrar las escuelas municipales olvidándose del resto de las escuelas de la ciudad.

-Pero suponiendo el peor escenario para el Municipio, con un fallo en contra de la Suprema Corte, ¿entonces no se podría pagar de ninguna manera?

-No estoy al tanto de cómo son los recursos comunales pero si bien hubo una garantía y una modificación del cálculo y se siguió percibiendo haberes con el nuevo formato, sí creo que sería una situación compleja. Mi foco es recuperar el financiamiento porque eso permite la posibilidad de tomar mejores decisiones para apuntalar el sistema educativo y reconocer a los docentes en muchos aspectos.

-De todos modos, el intendente electo ya anticipó que va a devolver la bonificación ¿entendés que sería un retroceso, que al final este conflicto sería en vano de alguna manera?

-El 10 de diciembre seguiré como director de la Secundaria Nº25 y no voy a permitir que mis alumnos se queden sin el sostenimiento del Fondo de Financiamiento Educativo, bajo ningún concepto, así como cualquiera de los directores que hoy ven que sus escuelas están mejor porque hubo mucha inversión de Provincia y el Municipio a partir de que el fondo va a donde todos los sindicatos han planteado. No podemos dejar a las escuelas nuevamente sin infraestructura, con techos que se caen a pedazos y otras situaciones muy complejas.

Estos anuncios tienen que ver con una intención pero la realidad es que, cuando uno se hace cargo de la función, si no se ordena mucho de la estructura municipal actual es muy difícil de sostenerla. El sistema educativo municipal, en cuanto a salarios, demanda unos 1200 millones de pesos al año, sin contar el código, y el convenio tripartito sostiene un 48 por ciento. De ese porcentaje, hasta ahora sólo cumplió la Provincia con 250 millones de pesos porque la Nación todavía no lo remitió y estamos aún en mesa de negociación.